Edición N° 399 - Julio 2016

¿“CRONICA DE UN URBANICIDIO ANUNCIADO”?

 

El arquitecto Javier Rodriguez Alcalá, docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad de Asunción, también se pronunció sobre el concurso de anteproyecto para la rehabilitación del puerto de Asunción.

 

“Meter cinco elefantes en un volkswagen escarabajo es muy fácil: dos se sientan adelante y tres atrás…”

Y aunque en este caso no se trata de ubicar cinco sino seis “elefantes blancos” en el puerto de Asuncion, cabe inferir que los impulsores de esta iniciativa (el Ministerio de Obras Públicas y el Banco Interamericano de Desarrollo) se inspiraron  en la (i)lógica del viejo chiste aquel día que amanecieron con vena humorística y tuvieron la ocurrencia de imponer a Asunción un Plan Maestro del Puerto (PMP), desde el cual se organizó luego el Concurso Internacional de Ideas (?) y Anteproyecto para implementarlo (o mejor: parapseudo-legitimarlo)

Presentado en 2015 (y resultado de una adjudicación directa dado que no fue objeto de un concurso público sino realizado por el estudio Converti de Buenos Aires; arbitrariedad asimilable a la del sonado casoTapé Porá), este Plan (?) propone “acomodar” en unas 22 hectáreas del ex-patio de contenedores de la ANNP cerca de 300.000 m2 de programas diversos (mayormente privados) que serán empleados por hasta 40.000 personas. 

(Gráficos 1 y 1.a)

A modo de “buque insignia” (o“caballo de Troya”) del proyecto, el Mopc prevé la construcción de unos 55.000m2 de oficinaspúblicas (entre Ministerios y Secretarías) en unas 2,5 hectáreas del predio citado. Todo esto en una zona ambientalmente sensible (por su condición lindera con el río); que ya hoy se encuentra considerablemente congestionada vehicularmente y sin que al tiempo de la presentación del Plan el ministerio haya hecho público el imprescindible Estudio de Impacto Ambiental.

¿Crimen de Lesa Urbanidad?

La iniciativa bien podría tomarse a broma, si no fuera por las muy poco simpáticasconsecuencias que acarrearía (económicas, sociales, ambientales, urbanísticas y patrimoniales), y que tendrán que ser sufridas (y pagadas) por la ya maltratada -en tanto inconsulta-  ciudadanía asuncena.

Así lo entendieron pobladores de San Jerónimo, gremios, instituciones académicas, docentes y profesionales independientes1 que en su momento propusieron, desde una actitud constructiva y una argumentación consistente -por cierto nunca rebatida por el Mopc- opciones razonables tendientes a colocar el PMP en el escenario una gestión legítima, urbanísticamente participativa,  social y ambientalmente sustentables.

¿Por qué entonces el Mopc ha hecho oídos sordos a estos aportes de la ciudadanía atendibles no solo desde el punto de vista de una gestión urbana transparente, sino también desde un elemental sentido común?...

 

 “El corazón tiene razones que la razón desconoce…”

El Mopc propone imponer a tambor batiente este PMP desde razones (inter-vinculadas algunas), que con distintos sesgos y matices han sido reiteradas por sus operadores políticos en diversos escenarios públicos. Resumida, listamos una versión relativamente actualizada2  de las mismas:

Desde su presentación en el 2015 el Mopc no consiguió el consenso para que los gremios profesionales y otros sectores apoyen el PMP; a partir de allí tuvo que derivar en la ONG Ciudadela la organización del Concurso Internacional que implementará este Plan Maestro;

Ya existen numerosos planes previos sobre los cuales basar el PMP;

Ante esta situación, el Mopc considera que ya se ha perdido mucho tiempo y que la disyuntiva actual pasa por prolongar la espera o iniciar en la brevedad posible la implementación del Plan (según ese ministerio entiende que lo reclama la ciudad).

 

¿Consenso o “cheque en blanco”?

En cuanto al primer punto: si el Mopc no obtuvo el declamado consenso no fue debido a una predisposición negativa de la sociedad civil, sino sencillamente porque de inicio basó su gestión en un hecho a todas luces ilegitimo (la adjudicación directa, prescindente de cualquier concurso público local o internacional, según se señaló)

Mal podría entonces “extrañar” al Mopc la ausencia de un consenso que en los hechos nunca sinceramente buscó construir, ya que no es lógico pensar que eso se puede lograr cuando se parte de supuestos intrínsecamente reprobables. La ilegitimidad no puede construir consenso, sino a lo sumo complicidad; misma que -precisamente- es la que hasta hoy se empeña en reclamar el Mopc a la sociedad civil, en tanto pretende que ésta le firme un “cheque en blanco” a los efectos de avalar una gestión congénitamente arbitraria.

Y esto último se evidenciaría en el sistemático (pero nunca argumentado) rechazo del Mopc de las diversas sugerencias que  aun en condiciones asimétricas de poder le fueron desinteresadamente arrimadas por gremios profesionales y otros sectores ciudadanos, según se señaló3 .

De allí,  resultaría ocioso señalar que en tal escenario el Concurso de Ideas y Anteproyecto actualmente en curso (en tanto intento de pseudo-legitimación de conceptos anteproyectuales arbitrariamente preestablecidos, según se dijo), no pasa de constituir un aburrido y poco gentil déjà-vu de aquella invectiva atribuida a Henry Ford: “Los clientes pueden elegir mis autos del color que prefieran…siempre y cuando sea negro4 .

Los planes existentes

En cuanto al segundo punto argüido por el Mopc: efectivamente existen planes para Asunción; algunos de interés y otros que necesitan actualizarse; nunca se ha propuesto omitirlos.

Pero lo factualmente constatable a la fecha es que éstos no están coordinados en un corpus que permita acciones proyectuales y urbanísticas claras (el aventurerismo de este PMP es a la vez ejemplo y consecuencia de esto). Y esta descoordinación debe ser urgentemente subsanada -según también se sugirió al Mopc- a los efectos de poder operar eficiente y coherentemente en el área del puerto, en el centro histórico5 o en Asunción en general.

Lo que sí cabría inferir es que para realizar este PMP se partió de algunos planes existentes (o más exactamente se los “picoteó”en algunos casos y en otros se los insufló de “esteroides”6) pero tomando de ellos aspectos  episódicos -más de forma que de fondo- antes que apreciando coordinadamente sus intenciones e implicancias conceptuales.

Y el resultado de aquello fue el “buzón” (en formato Frankenstein sobrehormonado) hoy impuesto y que a corto plazo llenaría el predio del puerto y a mediano y largo vaciaría el bolsillo del contribuyente que tenga que pagarlo.

Por ejemplo: con relación al Plan Cha (Plan del Centro Histórico de Asunción) invocado como referente, el PMP riñe con conceptos contenidos en el mismo: sea en lo que hace a una relaciónfísica/vial, funcional y socialmente permeable entre la ciudad y el río; a la cantidad de metros cuadrados a construirse;  a los porcentajes relativos de los programas a implantarse; etc.

Con relación al Pdua (Plan de Desarrollo Urbano Ambiental/Asuncion 2000, MdA) -también citado por el Mopc como referente- queda clara la necesidad de replantear el carácter básicamente vial-circunvalatorio que (en los hechos concretos) se propone para la Franja Costera, según puede constatarse en el gráfico n. 2.

A tal punto llega la descoordinación, que mientras el Mopc hoy contempla construir un mirador en la loma San Jerónimo -dentro de un plan de “mejoramiento” del sector-, paralelamente el Plan Maestro del Puerto propone bloquear las visuales desde la loma hacia la bahía, al ubicar en ese sector el citado “muro” de 55.000 m2 de oficinas públicas, según se puede verificar en los gráficos 3 y 3.a. (planimétrica y altimétricamente consistentes)

“Pérdida de tiempo”.

En esto le asiste razón al Mopc: se ha desperdiciado un tiempo valioso, dadas las perentorias necesidades Asunción. Pero la responsabilidad por el desperdicio cabría atribuirla a la propia gestión de ese ministerio, dada su génesis  ilegitima, según quedó establecido. 

La cosa entonces no pasa por la disyuntiva falaz de “prolongar la espera o iniciar en la brevedad posible la implementación del Plan”.  Asuncion necesita de obras -de esto nadie discrepa-; pero de obras  que respondan a las necesidades reales de sus sectores mayoritarios.

Y esa necesidad siempre fue reconocida (apoyada y aun reclamada) por gremios, instituciones académicas y otros sectores de la sociedad civil. Y justamente porque la sociedad civil quiere “ir a por más” es que razonablemente se viene solicitando desde hace meses al Mopc que las obras se inicien en un escenario mínimamente transparente. De modo que la real disyuntiva no pasa por “esperar o hacer”, sino por hacer lo que la propia ciudad decida que necesita.

La verdadera disyuntiva radica entonces en que el ciudadano asunceno tenga (o no) derecho a una gestión urbana participativa -como corresponde a un esquema Republicano-, contrapuesta a otra modalidad de gestión de sesgo autocrático que se pretende imponer mediante la cual Asunción se gobernaría poco menos que “por decreto”.

¿“Hoáta i hácha i pyre”? (¿o “La guacha en el lomo propio”?)

Queda claro que la peculiar insistencia del Mopc  en la “urgente necesidad” de llegar lo antes posible a Mariscal Estigarribia vía Ushuaia, motivó que su “hoja de ruta” así planteada resultase mucho más lenta, problemática y costosa. 

También resultaría  lógico prever que cualquier futura Administración medianamente ordenada tendrá necesariamente que revisar este Plan a los efectos de ajustarlo a criterios urbanísticos y de legitimidad mínimamente razonables (e incluso suponer que a futuro habrá que deslindar responsabilidades por lo actuado)

Y esta curiosa temeridad político-urbanística impulsada por el Mopc no deja de suscitar preguntas. De entre otras: ¿Por qué la insistencia en blandir irresponsable y aun prepotentemente el “hacha” de los “hechos consumados” siendo que esto puede resultar auto-lesivo aun a corto plazo?...¿Por qué desatender necesidades reales y urgentes de la mayoría de los asuncenos  al optar por el uso de considerables recursos financieros (siempre escasos en nuestro país) en la construcción de oficinas públicas que -así planteadas- no son prioritarias?...¿Por qué comprometer (aun bajo la figura de “usufructo oneroso”) tierras fiscales a usos privados que tampoco son prioritarios ni resultan inherentes a las funciones del Estado? (v.g.: viviendas que no son de interés social, oficinas, locales comerciales, centros de convenciones, hoteles, etc., según están contemplados en la siguiente fase del Plan)

E incluso -atendiendo a la futura inversión empresarial que se desea-: ¿Por qué se propone denigrar el importante rol del Sector Privado al reducirlo allí a una primaria y ramplona operación de rapiña del patrimonio inmobiliario Público?...

O todavía más -atendiendo a los propios intereses políticos del gobierno-: ¿Por qué se insiste en auto-boicotear el Programa de Reconversión Urbana -donde varios de sus componentes resultan del mayor interés ciudadano- al vincularlo a un ilegitimo Plan Maestro que además supone una (deficientemente) encubierta operación de confiscación corporativa de la ciudad travestida de Interés Público?...

Cualesquiera sean las respuestas a estas (y otras) preguntas, lo cierto es que las implicancias de este Plan Maestro han trascendido las consideraciones estrictamente arquitectónicas o urbanísticas.  El PMP afecta elementales derechos ciudadanos que han sido arbitraria y sistemáticamente conculcados, al punto que a la ciudadanía le asiste el derecho  (y ahora más que eso: la obligación) de exigir los correspondientes, justos y urgentes correctivos. Porque se trata de su ciudad, sus derechos y su dinero.

Aunque por fortuna –y he aquí un aspecto positivo de esta cuestión-: a las autoridades aún les resta margen de maniobra para salir de este atolladero (en el que ellas solas se han metido) e impulsar la construcción sensata, plural y republicana de la Asuncion que nos merecemos.

             Y esto -otra buena noticia- cabría esperar que sucederá, aunque pueda deberse menos a razones de eficiencia urbanística o de sensibilidad social y más a un prosaico (aunque imperativo, darwiniano casi) instinto de supervivencia política del propio gobierno.

 

 

1- Por ejemplo: las inquietudes de los pobladores de San Jerónimo expresadas en ocasión de un Conversatorio sobre el tema organizado por la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la UNA; los comunicados del Colegio de Arquitectos del Paraguay, del colectivo Aqua Alta y de la FADA UNA (este último disponible www.fada.una.py/ )

2- Expuesta por la arquitecta Cinthya Yanes del MOPC en el programa “El Péndulo” (Unicanal,  30-05-2016)

3- Sugerencias propuestas –según se se mencionó- por  pobladores de San Jerónimo, el Colegio de Arquitectos de Paraguay, la FADA/UNA, docentes de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UCA; de entre otros. La temática y rango de elección librados al MOPC por las sugerencias arrimadas fueron muy amplios: la zonificación de la zona a ser intervenida,  la naturaleza vinculante del PMP al concurso, la composición del jurado, cuestiones gremiales, etc.

4- Legitimación evidente pero que aún cabría confirmarla en otros hechos. Por ejemplo:  el MOPC ocultó a los propios organizadores del Concurso y responsables de sus Bases (Ciudadela) que el estacionamiento (cuyo diseño y ubicación formaban parte del concurso) ya estaba siendo licitado; lo que a su vez motivó la renuncia del Presidente de esa ONG. La arquitecta Yanes, vocera del MOPC, confirmó este hecho, tanto en el conversatorio de la FADA como en el mencionado programa televisivo.

5- Descontado el error conceptual de separar el sector de la costa del río del Centro Histórico, según fue señalado por el Instituto de Historia de la FADA.

6- Una referencia importante y poco citada: el primer Plan de Reconversión Urbana  2005/2012 (Chase/Boh y Asociados) que proponía –contrariamente a la concentración puntual que se propone ahora-  revitalizar el Área Portuaria en su conjunto, empleando para ello infraestructura pública existente y mayormente subempleada; así como utilizar un sector del patio de contenedores, aunque a una escala mucho menor.