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Año XXXIV - N° 411 - Julio 2017
Editorial
Tienen que terminar las universidades que persiguen el lucro sin calidad
Muchas universidades, tanto solventadas con dinero de los impuestos de la ciudadanía como del sector privado, son hoy lucrativos negocios que ignoran la calidad y estafan a los estudiantes que consiguen títulos, pero carecen de la idoneidad profesional que las instituciones de enseñanza terciaria deberían haberles proporcionado.
Tras el derrocamiento del tiranosaurio -como llamara Augusto Roa Bastos al sanguinario dictador Alfredo Stroessner-, en 1989, comenzó una etapa de libertades casi inédita en nuestro país. A menudo, sin embargo, la libertad mutó en libertinaje, abuso de poder y extralimitaciones que devaluaron ese preciado bien de la democracia.
La universidad es uno de los escenarios donde el desborde irracional se manifestó con mayor fuerza. De solo dos universidades -la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la Universidad Católica (UC)-, en unos 20 años, esa cantidad pasó a más de 50.
Si las instituciones creadas hubieran sido verdaderas universidades y no negocios como despensas o tiendas de ropas diseminadas por toda la República, nada se les hubiera podido cuestionar. Al fin de cuentas, un largo sueño de muchos era que todos los jóvenes tuviesen acceso a la educación superior, dejando atrás las restricciones de la dictadura.
Sin embargo, la cantidad -salvo excepciones loables- no estuvo vinculada a la calidad del contenido de las materias de las carreras, la docencia, el espacio físico y la estructuración administrativa. Fueron aparatos para recaudar dinero engañando a los estudiantes que se recibían, pero carecían de oportunidades para insertarse en el mundo profesional porque no habían adquirido una preparación eficiente para ser capaces de asumir con solvencia responsabilidades.
Gran parte de la culpa de esa situación la tuvieron parlamentarios que, vinculados a universidades o deseosos de hacerlo en sus departamentos, modificaron la ley universitaria para adecuarla a sus intereses o a las de los comerciantes que encontraron un inmenso vacío a llenar.
Lo fundamental del cambio fue que el Congreso pasó a ser la instancia de decisión máxima para la apertura de universidades. Los políticos, con obvios propósitos, se hicieron cargo de determinaciones que debieron quedar en manos de instancias académicas lo suficientemente independientes y honestas como para actuar con criterios de equidad y profesionalismo.
El resultado de esa politización que avalaba la mercantilización de las universidades que, entre otras cosas “olvidaron” su función de contribuir con la Sociedad del Conocimiento a través de investigaciones serias, fue la mediocrización del sector.
Ante esa situación, en el 2013, fue aprobada -después de “estudios” que parecían eternos y que no eran sino estrategias de dilación-, la Ley de Educación Superior (LES). Si bien no fue lo ideal, creaba las condiciones esenciales para poner en orden la casa.
En la tarea de limpiar la casa se encuentran ahora el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior (Aneaes), creados en virtud de la mencionada ley.
En general, todo está tan patas para arriba y los recursos de los que disponen para desarrollar su trabajo son tan limitados –esto es parte de la vieja historia en que algunos parlamentarios hacen prevalecer su voluntad para restarle fuerza ejecutoria a las noveles instituciones-, que el trabajo que desarrollan es muy lento.
Aun así, en medio de una presión política que sigue siendo muy fuerte, el Cones está actuando como debiera exigiendo a las universidades que se adecúen a la normativa vigente en un plazo razonable.
Ello implica la presentación de programas acordes a las carreras, listados de docentes con sus respectivos títulos y regularizaciones edilicias que tengan una distribución espacial con el propósito de enseñar y administraciones expeditivas. La Aneaes es la que, finalmente, acredita las carreras según los criterios de calidad que ha establecido como regla de juego común para todas las instituciones.
Las conspiraciones en contra de la nueva ley y los organismos creados en virtud de la misma no han terminado. Como el Cones cierra carreras de universidades que no han cumplido con las exigencias establecidas y sigue presionando para que termine la estafa a los estudiantes, hay parlamentarios -con intereses creados o dóciles a la voluntad de los interesados en que no se toque su mercadería tan rica en beneficios empresariales-, que estudian la posibilidad de modificar artículos de la LES para que el Cones pierda autoridad.
Los estudiantes y la sociedad civil tienen que estar atentos a las movidas de aquellos políticos y empresarios de la educación superior a los que no les interesa la calidad de la educación universitaria para ponerles freno. Retroceder en lo avanzado será seguir condenando al Paraguay a la pobreza ya que una educación terciaria de calidad es condición indispensable para el desarrollo de una Nación.