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Año XXXV - N° 418 - Febrero 2018

Editorial

 

Hay que desmantelar el poder corrupto que maneja los hilos de la Justicia

El escándalo que tuvo como protagonista principal al hoy ex senador Oscar González Daher ha mostrado evidencias inapelables acerca de una de las facetas de la podredumbre judicial que tenía como epicentro al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Lo que era un secreto a voces, manejado sobre todo en el ámbito de los jueces, fiscales, abogados y funcionarios judiciales, está por fin al descubierto gracias al internismo del Partido Colorado.

Lo que quedó patente es que la injerencia de los políticos en la administración de la justicia en nuestro país no es fantasía de la prensa y de los pocos abogados que, cada tanto, se animan a denunciar -sin consecuencias, por supuesto-, sino que opera de modo muy dinámico con nombres, apellidos, llamadas telefónicas, planteamientos e información.

Esa situación se genera en un mal cuya raíz se encuentra en la Constitución de 1992. Allí los políticos -que fueron mayoría en la Convención-, muy sagazmente, acomodaron las normas de tal modo que los jueces y fiscales dependieran de ellos en algún momento crucial. Así fue gestado el JEM que, con el correr del tiempo, se convirtió en un perverso engendro.

Ese órgano tiene la función de juzgar a los magistrados y fiscales denunciados por mala praxis en sus actuaciones. Con potestad de absolver o condenar, se transformó en una peligrosa espada de Damocles siempre al acecho no necesariamente por la sanción que pudiera provenir de él sino por la arbitrariedad de ese poder manejado por razones extralegales cuando hay tráfico de influencia, soborno o cohecho pasivo de por medio.

Según el artículo 253 de la Constitución, el JEM está compuesto por “dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, dos miembros del Consejo de Magistratura, dos senadores y dos diputados”. Es evidente que en esa estructura los políticos que provienen del Congreso cuentan con preeminencia. El artículo se hizo a la medida de ellos, no de los intereses generales de la República para garantizar ecuanimidad en el juzgamiento de jueces y fiscales.

En la práctica, la clase política -sin que entre a tallar de qué partido sean sus representantes en el trascendente cuerpo colegiado-, ha llevado históricamente la voz cantante al construir un poder efectivo para tener prisioneros de su voluntad a los que eventualmente pueden caer en sus manos alguna vez, con razón o sin razón. Por eso, para algunos legisladores formar parte del JEM se volvió una cuestión de vida o muerte. Estar allí es ser un poderoso actor para intervenir a favor de intereses ajenos y propios.

Es obvio que el poder perverso que deja de lado las normas de la ley para sustituirlas por intereses particulares se materializa en acciones en las que se necesita alguien con fuerza efectiva para incidir eficazmente en las decisiones, pero también de operadores dentro y fuera de las instituciones. Así es como se conforman roscas de funcionarios públicos y abogados en los que todos se benefician. Las grabaciones han puesto en evidencia esta afirmación a través de las conversaciones de Raúl Fernández Lippmann, el abogado Carmelo Caballero y otros.

Las comunicaciones han demostrado claramente que desde el JEM se orquestaban las decisiones de instancias judiciales a través del tráfico de influencia. Ello quiere decir que se conseguían resultados favorables a determinados intereses judiciales en los que el dinero no era un convidado de piedra. Algunos audios hablaban de las “tajadas” que le corresponderían a cada uno en caso de llegarse a un final feliz en los casos en curso.

Ahora que la hediondez mostró su cara, es necesario que aquellos que en las instituciones públicas, en los partidos políticos y en la sociedad civil no son sus cómplices, tomen acciones concretas para acabar de una buena vez con esta forma de corrupción que impide que el Paraguay avance en el ámbito de la Justicia, engranaje esencial de la Democracia.

Por obra y gracia del proselitismo eleccionario que se vive en el país, González Daher y Jorge Oviedo Matto han quedado fuera del Senado. Ello no basta. Como son candidatos de nuevo a senadores dentro de sus partidos, a partir de mediados de año ellos pueden volver a sentarse en sus bancas del Senado. Y todo se habrá convertido en una fugaz esperanza derrumbada por la inercia de los hechos.

En el próximo periodo de gobierno podría haber una Asamblea Constituyente que, entre otros cambios, establecería una modalidad diferente para enjuiciar a los que desempeñan mal sus funciones judiciales. Sin embargo, con personas corruptas, la situación se repetirá.

Por ello es necesario que en este momento preelectoral los políticos, las instituciones públicas y privadas y la sociedad civil en general, vayan pensando en la manera de impedir que los políticos actúen como matones de jueces y fiscales y cómo estos pueden dejar de ser corruptos para estar al servicio de la Patria. Si no queremos un Paraguay incendiado y devorado por los corruptos, es la tarea a cumplir.

 

 
 

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