Edición N° 369 - Enero 2014

Resumen de Prensa - Enero 2014

 

No todo lo que brilla es oro con la APP

Desde su misma génesis, el proyecto de Ley de Alianza Público Privada para la promoción de la inversión en infraestructura pública, ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado paraguayo, ha sido resistida por unos -sindicatos del sector público, grupos de izquierda o se oponen a esta modalidadrealizando hasta movilizaciones para hacer escuchar el rechazo, y elogiada por otros –el sector empresarial y diferentes organizaciones- que aplauden su vigencia.

Con la firma del presidente Horacio Cartes en noviembre pasado, la Ley que promueve la alianza público-privada para obras y servicios entró en vigencia desde ese mismo momento, pero... (Siempre hay uno), aún no está reglamentada y si no es transparente la reglamentación, la APP puede llegar a ser “un fiasco”, según advirtiera Antonio Juan Sosa, vicepresidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF).  Con el objetivo de presentar la experiencia internacional en la materia la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de la República del Paraguay (STP) y la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- organizaron un seminario internacional denominado “Las asociaciones público privadas y su aporte al desarrollo de los países”, que congregó a expositores extranjeros quienes compartieron experiencias y opiniones sobre el modelo. Los expositores fueron Miguel de la Fuente Chacón, director gerente -ForoPPP, España (asociación multisectorial que representa a empresas concesiones de infraestructuras y servicios públicos); Leonel Vivallos, exdirector de la Coordinadora de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Chile; Jean Philip Penning, exdirector de Unidad de Infraestructura del Departamento Nacional de Planeación de Colombia; Javier Chocano Portillo, jefe de Oficina Jurídica de Proinversión de Perú; y Adriana Rodríguez, presidenta Corporación Nacional para el Desarrollo de Uruguay.

Cabe recordar que la norma abre la posibilidad de que el sector privado participe en la provisión de bienes o prestación de servicios de manera conjunta con el Estado paraguayo. Establece los sectores en los cuales pueden pactarse las alianzas, dispone que el Estado pueda asumir riesgos y abre la posibilidad de impulsar diferentes tipos de llamados, desde licitaciones hasta cualquier otra modalidad.

Si tiene reglas claras, eficiencia y eficacia el modelo es útil.

En el seminario, el español Miguel de la Fuente Chacón, director gerente de Foro PPP alertó que en el modelo de las asociaciones público-privadas para la construcción de infraestructuras públicas, “improvisar es malísimo”. Al comentar larga experiencia ibérica en esta materia, dijo que exige a las partes hacerlo con eficacia y eficiencia, puesto que los recursos, ya sean públicos como privados, igualmente son escasos, y no se pueden hacer proyectos ilimitadamente; y que el sistema lleva a un radical cambio de mentalidad en la administración pública, cambio que deriva en un nuevo comportamiento y formación.

Relató que en España fueron desarrollados proyectos de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, viviendas, energía, agua, medioambiente, enseñanza, salud, seguridad judicial (cárceles), comisarías. También gestión de residuos: reciclado; transporte, tratamiento y vertido. Además, movilidad, sistemas interactivos de control de tráfico, de acceso a los centros de las ciudades, distribución de mercancías; transporte público, etc.

Destacó que el Estado debe tener una institución “altamente especializada” en esta materia, con técnicos de diversas ramas y que la alianza público-privada no es una “varita mágica, porque no todas las obras con impacto social son rentables, pero hay que cuantificarlas minuciosamente”. Advirtió que las APP requieren de estabilidad legal, porque las modificaciones a posteriori no son buenas y la legislación tiene que ser previsora de posibles cambios a lo largo del tiempo. Acotó que a los privados no les agrada mucho la incertidumbre y la inseguridad jurídica y aclaró que “no siempre” el sector privado es mejor que la administración estatal”.

Para Antonio Juan Sosa, vicepresidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), la utilización de este modelo en la generación de obras públicas tiene el potencial de acelerar mucho la construcción de una forma que el Estado jamás lo podría hacer. “Hoy lo hace, pero le toma más tiempo y su capacidad de generar  proyectos nuevos es muy limitada. Sin embargo, al reclutar al sector privado, puede contar con la participación de centenares de agentes que se ponen a trabajar al servicio de estas obras, que van a estar muy bien delimitadas por el Estado, a través de los contratos de concesión. Es decir, la ley va a permitir hacer muchas más obras en simultáneo”.

Respecto de que la Ley recarga sobre las espaldas del Estado todos los riesgos, según una de las críticas a la norma, dijo que hay varios tipos de riesgos que ni el Estado ni los privados los pueden asumir todo, sino que debe ser asumido por el que los puede manejar mejor. Hay riesgos de crédito, de que el proyecto no funcione bien como se esperaba, y que no genere el beneficio económico planeado. Eso debe estar bien estipulado. Por otra parte, a través de este método, se pueden hacer proyectos “totalmente sociales” que no reportarán mayores ganancias, porque no son rentables. Sin embargo, puede que el Gobierno lo quiera hacer rápido y bien. En esos casos, el sector público es el que va a tener que poner la diferencia.

Durante el seminario presentaron experiencias de España, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. La Corporación tiene amplia experiencia en asesoría y estructuración de transacciones entre públicos y privados en América Latina, entre las que se destacan concesiones de carreteras interoceánicas y líneas de transmisión eléctrica en Perú, proyectos de generación hidroeléctrica en Ecuador, centros penitenciarios, autopistas urbanas y puertos marítimos en Colombia y proyectos de generación de energía eólica en Uruguay.

El modelo comenzó en Inglaterra, los chilenos lo copiaron e inclusive mejoraron, tanto que otros países, incluido Inglaterra nuevamente, lo han tomado para sí: Brasil, México donde los aeropuertos fueron mejorados, construidos y gestionados a través de APP, también puertos, autopistas y los mayores hospitales públicos.

El economista jefe del Banco Mundial para América Latina, Augusto de la Torre, señaló que los gobiernos de la región deben ayudar a que las empresas generen más innovación, sean más competitivas y, por ende, ofrezcan empleos de calidad a la población y que una herramienta para generar esa competitividad puede ser la alianza público-privada, sobre todo en el campo de los servicios de infraestructura (aeropuertos, carreteras, puertos, hospitales, administración de cárceles, recolección de basura, etc.). Añadió que “los gobiernos necesitan tener un diálogo más productivo con los empresarios modernos, que buscan competir en un mercado globalizado y no con los viejos empresarios, los que solo buscaban que el gobierno los proteja”.

Indicó que el temor que hay en la región es que las empresas privadas busquen que el Gobierno las proteja e incluso subsidie.

En este sentido señala que hay que tener cuidado de que al “Gobierno no se le vaya la mano con demasiados subsidios y más bien mantenga las reglas de juego (*)”, puntualizó.

Teniendo en cuenta que Chile fue el primer país de la región que asumió la modalidad inglesa mejorándola siendo a su vez imitado por otros países, en la disertación sobre “Chile: una mirada de desarrollo de la asociación público-privada”, bajo los auspicios de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción

(Capaco), el ingeniero civil chileno Javier Hurtado, dijo que la ley de APP promueve “negocios para el sistema financiero, no son de las constructoras”. Esta Ley debe generar el interés del sistema financiero internacional y eso será si la ley tiene reglas claras, especialmente puntos bien definidos y convincentes para la solución de conflictos, que siempre suceden.

Explicó que la diferencia para los constructores es que con la APP “solo cambian de patrón, ya no es el Estado sino las empresas financistas”. Los roles a ejercer por el sector público consisten en “definir  estándares, fiscalizar, subsidiar cuando así corresponda (poner infraestructura de interés social), mientras que el sector privado debe ser proveedor y operador de la infraestructura, porque ha demostrado ser más eficiente en la materia”.

Afirmó que en Chile la experiencia ha sido exitosa.

(*) Se puede tomar como ejemplo la privatización de ferrocarriles argentino en marzo de 1991, cuando el Gobierno de Menem concesionó las siete líneas del ferrocarril urbano de pasajeros a cuatro empresas favorecidas con jugosos subsidios. Las concesiones, mediante licitación, fueron otorgadas a las que requirieron la menor subvención. A pesar de los grandes subsidios, las líneas prestan un pésimo servicio y se encuentran en deplorable estado. A tal punto llegó el estado de cosas, que se les revocó la concesión de algunas líneas a varias de las concesionarias.

UH
10.12.13
Abc
24,26,28.11 y 03.12.13

 

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