Edición N° 407 - Marzo 2017

Resumen de Prensa

 
  • Exdecano de la Fiuna, ingeniero Isacio Vallejos

  • Movilización de la comunidad Fiuna reclamando transparencia y renuncia de las autoridades corruptas.

 

La Fiuna logró se investiguen los actos de corrupción que la envuelven

La lucha emprendida por los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (Fiuna)  fue consecuencia directa de la gran movilización estudiantil iniciada en setiembre del 2015, conocida como #UNAnotecalles, generada por las denuncias de corrupción en el seno de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) exigiendo una investigación al respecto, la renuncia del entonces rector Froilán Peralta y cambios en el estatuto de la institución. La revuelta consiguió la renuncia de Peralta que permitió calmar los ánimos caldeados de los estudiantes de las distintas unidades académicas de la UNA. Todo volvió a la normalidad,  hasta que los futuros ingenieros reavivaron el fuego, iniciando una lucha para exigir transparencia y la renuncia del decano Éver Cabrera, sucesor del cuestionado Isacio Vallejos, la que duraría cuatro meses con paros y movilizaciones que tuvo la adhesión de docentes, no docentes e incluso el apoyo de los padres de los estudiantes, demostrando así que aquello de “el pueblo unido…” no es puramente un eslogan, que así fueron capaces de mantener el reclamo y ahondar la crítica al sistema de corrupción que, por sobre todo, le quitaba a la universidad los recursos para formar mejores profesionales.

Cuando ya todo parecía no tener sentido, los estudiantes se mantuvieron firmes hasta lograr que se consideraran las denuncias y se le separara del cargo a cuestionado decano, logrando una intervención de la institución académica por 60 días.

Se alcanzó el objetivo poniendo  fin a décadas de prebendas y manejos irregulares. Para ello, los universitarios presentaron al Congreso un voluminoso documento en el que se detallan casos de presuntas irregularidades atribuidas al decano. Lo acusaban, entre otras cosas de montar una “estructura prebendaria” dentro de la Facultad para beneficiar -mediante tráfico de influencias- a su entorno,  tanto docentes como universitarios y egresados.

El camino que recorrieron no fue el más fácil, pero con la histórica protesta y la nueva representación se abren las posibilidades de lograr el saneamiento y la transparencia en esta facultad.

 

Los actos non sanctos de Isacio Vallejos

El convenio firmado entre la Fiuna y el Consejo de la Magistratura en febrero del 2015 es un claro ejemplo de cómo estos acuerdos fueron usados bajo la administración del ex decano Isacio Vallejos para repartir contratos a personas cercanas al decanato.

El convenio, firmado por Vallejos y el entonces  presidente del Consejo, Enrique Riera, fue para que la Facultad de Ingeniería se encargue de la fiscalización de la obra del edificio Tacuary del Consejo de la Magistratura. Establecía  que la unidad académica  designaría al personal encargado de los trabajos, con el consentimiento del coordinador general del proyecto por parte del Consejo y señalaba el monto que la Facultad recibiría por los trabajos de fiscalización.

Tanto en este como en otros convenios firmados por Vallejos durante su gestión, un 90 por ciento del monto recibido fue destinado a los honorarios de las personas contratadas, sin concurso ni licitación alguna, según admitió el mismo exdecano, quien repartió millonarios contratos a miembros del Consejo Directivo, exconsejeros -Carlyle Alvarenga, consejero no docente; Manuel Artunduaga,

expresidente del Centro de Estudiantes y exmiembro del Consejo Directivo en representación de los estudiantes; Diógenes Sartorio, ex consejero no docente; Roberto Nagy Benítez, consejero docente; Carlos Montero Volpe,  exconsejero docente-, familiares -su hija, Susana Vallejos y su yerno, Roberto Vielman-, y empleados de su propia empresa constructora. Así, el esquema de convenios se convirtió en una evidente triangulación para saltarse el control de la Dncp.

 

Contrataciones abre investigación

A raíz de las publicaciones de ÚH sobre el esquema mediante el cual Vallejos repartió a discreción millonarios contratos en el marco de convenios con otras entidades públicas, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (Dncp) anunció la apertura de una investigación.

“Tenemos la instrucción de investigar, de pedir informes a la Facultad para interiorizarnos del contexto de los contratos y ahí determinar si hubo una trasgresión a la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, si es que bajo el ropaje de un convenio entre entidades no hubo un contrato por un tercero que debió haber pasado por la ley”, explicó el director jurídico del ente regulador, Luis Godoy.

La citada norma excluye de su alcance a los convenios entre instituciones públicas y advierte que “esta excepción no rige cuando el organismo, entidad o municipalidad obligado a entregar o arrendar bienes, prestar los servicios o ejecutar las obras, lo haga a través de un tercero particular”.

Esto es exactamente lo que ocurrió en Ingeniería durante la administración de Vallejos, entre 2011 y 2015. En este periodo, la Facultad firmó unos 50 convenios con entidades públicas para realizarles diversos trabajos, como la fiscalización de obras, consultorías, elaboración de proyectos, etcétera.

El director jurídico de Contrataciones Públicas indicó que la institución debe realizar un análisis profundo sobre la forma en que se llevaron a cabo los convenios.

Por otro lado, Godoy sostuvo que las contrataciones en el marco de estos proyectos debieron haber sido objeto de algún tipo de concurso.

“La Dncp tiene la atribución de declarar la nulidad o irregularidad de los actos, convenios, contratos celebrados en contra de las disposiciones de la Ley 2051, previa sustanciación de una investigación de oficio”, explicó.

El abogado Guillermo Ferreiro, que acompaña a los estudiantes, sostuvo que la Fiscalía debe investigar la comisión de delitos, como la lesión de confianza.

Por su parte, Isacio Vallejos aseguró que no cometió ninguna irregularidad y que repartió los contratos en sus atribuciones como decano. Afirmó que los convenios permitieron el desarrollo profesional de docentes.

 

Validan informe y plan de mejora del interventor

El Consejo Superior Universitario (CSU) homologó el informe de gestión presentado por el interventor de la Fiuna, doctor Ricardo Garay y aprobó el plan de mejora que dejó  Garay para ser aplicado tanto en el ámbito administrativo como académico.

El trabajo de intervención de 60 días culminó el pasado 17 de febrero. En su último día como interventor, Garay se debió reunir con los nuevos representantes del Consejo Directivo para informarles sobre lo actuado y sobre cosas que quedan por hacer en temas operativos especialmente.

El decano Éver Cabrera está apartado del cargo por un sumario en su contra, por lo que debiera ser sustituido por el vicedecano ingeniero Luis Cardozo, pero sobre éste pesa una denuncia la cual señala que presuntamente no es egresado de la Fiuna sino  de un instituto dependiente de la Facultad de Politécnica de la UNA.

El asesor del Rectorado, doctor  Raúl Astigarraga, recomendará la instrucción de un sumario para dilucidar el caso. Si eso se concreta, los consejeros electos deberán nombrar a uno de sus miembros como decano interino.

 

UH

11,12,14 y16.02.17 

 

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