Edición N° 426 - Octubre 2018

Cambio de mando en el Paraguay: herencia y desafíos

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  La ciudadanía espera mucho de sus gobernantes, en esta nueva época.

En términos estrictamente técnicos y resumidos, el país que recibe el flamante presidente Mario Abdo Benítez (h) se caracteriza por varios factores.

Fortaleza macroeconómica. El crecimiento del producto está por 4,3 por ciento  y la inflación sólo en 4,5 por ciento. La política monetaria, cambiaria y crediticia está cada vez mejor. La oferta monetaria, bajo control. El tipo de cambio, previsible. Y los créditos más accesibles y baratos. Las cooperativas de ahorro y crédito ayudan en esto último. Por otro lado, la política fiscal está aceptable, con algunos problemas: El gasto público es malo, está sometido a robo y estafas permanentes y no rige meritocracia sino prebendarismo. Las inversiones son más y mejorando. La deuda externa debe controlarse selectivamente, sin abusar de ella, dados grandes atrasos en ejecución de créditos. Los saldos rojos de Hacienda permanecen por debajo de -1,5 por ciento del PIB, tope máximo establecido por Ley.

Debilidad microeconómica. Los multitudinarios microemprendedores rurales y microempresarios urbanos, la inmensa mayoría del aparato de producción de bienes y servicios del país, siguen sin recibir asistencia técnica ni crediticia ni en cantidad necesaria ni en tecnología adaptada ni a bajos costos. Ellos dan empleo a la mayor parte del país. También la mayor parte del desempleo y subempleo, pobreza y miseria está allí. A pesar de las más favorables normas vigentes en favor de las micro y pequeñas empresas, tales ventajas permanecen sólo en teoría legal, sin mayor proyección práctica. Grandes problemas le acarrean, desde el punto de vista microempresarial, la importación legal y el megacontrabando de Argentina y Brasil, a nuestro país, con productos argentinos y brasileños sustancialmente abaratados por la devaluación masiva en esos países. Esto último, sin embargo, va en beneficio de los consumidores de los estratos más carentes, ya que caen los precios de esa parte de la canasta familiar.

Frágil justicia social.

Cerca de un 26 por ciento de la población (en total unos 7 millones de habitantes) se halla en situación de pobreza. En ese 26 por ciento unas 400.000 personas sobreviven en miseria lacerante, sin ingresos estables o sin ningún ingreso, en subempleo o desempleo. Sólo una parte pequeña de ellos recibe asistencia monetaria, pero condicionada y está bien que sea así. No obstante, como hay crecimiento económico, relativamente alto, aunque desigual, la gran demanda de mano de obra vía aumento del producto hace que la parte superior de la clase media pueda experimentar movilidad social ascendente, pero con el inconveniente que, en sus nuevas posiciones, sus ingresos no alcanzan para financiar los altos costos de la educación y de la seguridad social. La educación no alcanza a todos y su calidad deja mucho que desear. Y sólo el 25 por ciento de la población está asegurada con seguros médicos y de jubilación.

Caos ambiental.

La mala administración de la “cosa pública”, la firma de normas (particularmente de un funesto decreto) en favor de la deforestación y la escasa conciencia de la importancia ecológica favorecen la destrucción progresiva del hábitat natural en el país. Paraguay se ha vuelto ya uno de los peores depredadores de bosques en el mundo. Ya apenas existen bosques vírgenes en la región oriental y la parte boscosa en la parte oriental del Chaco, en una franja de unos 100 km paralelos al río Paraguay, va desapareciendo con alta velocidad destructiva. Corre peligro no sólo la población en esas zonas chaqueñas sino también la misma existencia de la última etnia silvícola en nuestro país: los totobiegosode. Por otro lado, en las zonas urbanas cada vez está peor el procesamiento de los residuos, líquidos y sólidos. Además, es grande la polución en suelo y subsuelo, agua y aire.

Megacorrupción y omnipresente impunidad vuelven débiles las instituciones y la gobernabilidad.

El mayor desafío para el flamante presidente de la República será el combate irreductible del latrocinio, vía autoasignaciones siderales de remuneraciones y estafa directa al erario de Hacienda, al más alto nivel de los Poderes del Estado, de las entidades descentralizadas y de las hidroeléctricas binacionales. Marito y sus aliados tendrán que deshacerse de ese tipo de funcionarios públicos, corrupto e incapaz, y hacer prevalecer Estado de Derecho, en meritocracia, regidos por democracia y ética cristiana.

Y los negocios, al más alto nivel de los Poderes del Estado, con lavadores internacionales de dinero, con delincuentes buscados por Interpol y con el narcotráfico pueden volver inestable y frágil el Estado de Derecho en democracia, empeorando la mala fama del país en términos de corrupción e impunidad y proyectando internacionalmente una imagen desfavorable versus el “grado de inversión” en las Calificadoras Internacionales de Riesgo. No obstante, no es tarde para dar un golpe de timón en el curso del país hacia el desarrollo sostenible con economía sólida, justicia social y equilibrio ambiental, enmarcados en honestidad, capacidad y transparencia en el manejo de la cosa pública. Eso espera la ciudadanía de sus gobernantes, en esta nueva época.

Ricardo Rodríguez Silvero
Doctor en economía y consultor en finanzas, inversiones e impuestos.