Edición N° 394 - Febrero 2016

Denuncia contra Unicentro desnuda ausencia de instituciones

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  Aprovechando la feria judicial, Unicentro apuró la construcción del entubamiento de cemento que concluyó a mediados de enero.

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  Kattya González dirigiéndose a los asistentes.

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  Nota al ministro de la Seam.

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  Nota al Intendente de Lambaré.

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  Nota a la Junta Municipal de Lambaré.

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  Nota de urgimiento a la Seam

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  Nota de urgimiento al Fiscal del Ambiente.

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  Inicio del juicio de interdicto de obra nueva cuyo juez fue recusado por Unicentro.

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  Notificación del juzgado de faltas de Lambaré por denuncia de Unicentro contra Mauri Arza Huerta y Nilda Estela Villalba de Arza.

Esta crónica de los hechos del caso Unicentro SA pone de manifiesto la ineficiencia e ineficacia  de las instituciones que deben comprometerse en salvaguardar los bienes de la comunidad, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y evitar daños ambientales;  lo que lleva a sospechar que están al servicio de las grandes empresas. El caso sigue al igual que el silencio de las autoridades pertinentes

A comienzos de agosto pasado, en el predio que perteneciera al Cnel. Magno Brítez Borges (hermano de los generales Alcibíades y Manuel Brítez Borges, prominentes jerarcas de la dictadura stronista), ubicado en la ciudad de Lambaré, su actual propietario, Unicentro SA, inició la construcción de un shopping a cargo de la empresa AGB Constructora.

Cabe señalar que el predio linda con la calle Andres Gill, usurpada ya por el coronel Brítez en casi su totalidad, quedando solamente unos 50 metros hasta su unión con  la calle Ramón I. Cardozo. El tema es que los  140 o 150 metros que faltan para unirla con Cacique Lambaré están dentro de la propiedad, hoy de Unicentro y la firma niega su existencia.  

Antiguos pobladores de la zona comentan que la arteria tiene más de 100 años. Figura en los catastros nacional y de Lambaré, incluso en la red de GPS. Existen planos de catastro de 1972 y 1978 que comprueban su existencia.  Y según la Ley Orgánica Municipal y el Código Civil, las calles son bienes de derecho público; no se pueden vender, donar, alquilar, usucapir, embargar y ese derecho es imprescriptible.

La construcción de marras fue autorizada por la Municipalidad de Lambaré sin tener en cuenta este hecho, ya que la calle figura en su catastro.

En el predio, la constructora ha rellenado el terreno en toda su superficie, más de tres metros de altura, lo que afectará a los vecinos cuyas casas quedarán muy por debajo del futuro shopping. Para ello arrasó con todos los árboles existentes

La primera acción fue contactar con la empresa constructora y con el propietario, Gabriel Mendelzon, para saber qué se haría al respecto. Dijeron que estudiarían el caso y darían una respuesta. Finalmente, el señor Mendelzon contestó que vería qué es lo que “más le convenía”.

Es más, ni la constructora, ni Unicentro se habían puesto en contacto con los moradores de la zona, ni se ha realizado la audiencia pública que ordena la Ley.

Esas irregularidades fueron expuestas en una nota que los vecinos presentaron ante la Secretaría del Ambiente (Seam), en la que agregan el proyecto de construcción de un enorme ducto por el cual las aguas pluviales y cloacales se lanzarían a la zanja que cruza una propiedad vecina con enorme perjuicio para los residentes de la zona, y que la presentación de Unicentro  a esa institución pecaba de incongruente ya que afirmaba que sus aguas pluviales y cloacales serían vertidas a la red de la ciudad cuando Lambaré carece de ellas.

La nota solicitaba que se verificaran las denuncias y saber  qué solución se daría a lo denunciado, además de reclamar la devolución de la calle  Andres Gill.

Una copia fue entregada a la

Intendencia y a la Junta Municipal de Lambaré, ya con el apoyo de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, y se reiteró a la Seam, ya con la intervención de la doctora Kattya González, urgiendo el tratamiento de las denuncias las que también fueron realizadas, nota mediante, ante la Fiscalía Ambiental,  insistiendo en dos ocasiones más.

En varias oportunidades se ha requerido a la Seam copia del expediente de Unicentro para conocer los argumentos por los cuáles se le había concedido la licencia ya que sólo se tenía la resolución por la cual se la otorgaban. Evadieron la entrega con diversos argumentos -que estaba en otro lugar, que se estaba preparando la copia para enviar a la Fiscalía, etc.- hasta que dijeron que se había “extraviado”. ¿Cómo y por qué sucedió esto? Misterio.

Por otro lado, la Fiscalía del Ambiente inspeccionó la obra, lo que no comunicaron ni invitaron a participar a los denunciantes y el acta no contempla ninguno de los reclamos.

En medio de todo ello, la firma Unicentro denunció a Mauri Arza y Estela Villalba de Arza, dos de los denunciantes, ante el Juzgado de Faltas de Lambaré por el “delito” de construcción de un muro que se vieron obligados a construir para evitar el ingreso de las aguas cloacales a su propiedad, con evidente fin intimidatorio pidiendo incluso pena de cárcel por ello. Conste que no existe ninguna ley ni disposición que obligue a un vecino a recibir las cloacas de otro. El caso sigue sin que, a la fecha, haya decisión del juzgado de faltas.

Ante tales circunstancias, el avance de la obra y la inminencia de la construcción del ducto de hormigón y para evitar un daño posterior ya irreversible, la doctora Kattya González presentó ante el juzgado en lo civil de Lambaré un interdicto judicial “por construcción de obra nueva”, el cual debe ser resuelto inmediatamente.

Los letrados de Unicentro, “Olmedo abogados”, recusaron al juez, pasando el caso a una jueza del menor, quien no pudo resolver antes de la feria judicial debido a que Unicentro, nuevamente, recusó al técnico sugerido y alargó al máximo la deposición de los testigos. La primera parte del juicio se realizó el 28 de diciembre y continuará este mes (febrero).

Aprovechando la feria judicial, la empresa en cuestión apuró las obras y el 8 de enero comenzó  a colocar los primeros tubos en la zanja.

Lo importante y fundamental aquí, es señalar la ausencia de las instituciones públicas en el cumplimiento de su deber. La Municipalidad, que debió bregar por el mantenimiento de una calle pública, existente en su catastro y observar que la obra encarada no perjudique a vecinos.

La Seam, que según se ve es totalmente permeable a “arreglos”, lo que se demuestra por el “extravío” del expediente, ya que de encontrarse se probaría que el proyecto aparentemente ni siquiera fue leído -mucho menos estudiado-, solo aprobado.

La Fiscalía Ambiental, por los mismos motivos, la “mala leche” de no comunicar la realización de una audiencia en la que debían participar los denunciantes y en cuya acta no figura ninguno de los puntos de la denuncia.

A lo que se añade, la mala fe de Unicentro al recusar una y otra vez con la intención de alargar la acción judicial y aprovechar la feria judicial para continuar apresuradamente con las obras, como ya se ha expuesto.