Edición N° 394 - Febrero 2016

Hacia una política vial eficiente

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  Enormes baches que han sido observados el año pasado en la ruta Paraguarí - Villarrica, obra del consorcio integrado por el ingeniero Isasio Vallejos y el arquitecto Julio Mendoza Yampey.

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  Camino Alto Verá - potrero Benitez (Distrito de Alto Verá, Itapúa)

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  Enripiado

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  Empedrado

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  Vieja estructura de un puente de madera sobre el arroyo Aguaraymí que une a los distritos de Santa Rosa del Aguaray, Tacuatí y Nueva Germanía, Departamento de San Pedro.

El ingeniero Abel Riquelme, en su artículo, plantea la perentoria necesidad de ampliar la red vial del Paraguay, pero sobre todo, mejorar la deficiente infraestructura existente, una realidad que lleva al país a colocarse entre los más  atrasados de América y del mundo, tanto en lo que se refiere a la calidad como a la extensión de las carreteras

Construir rutas en un país que necesita con urgencia impulsar su desarrollo económico y social, es una verdad irrefutable que nadie puede dudar.

La extensión de los caminos que conforman la red vial de nuestro país, es insuficiente para satisfacer las necesidades de la población. El Paraguay solo cuenta con poco más de 5800 km de rutas con pavimento asfáltico, cifra que resulta poco significativa si es que se quiere pensar en lograr un desarrollo sostenido.

En el siguiente cuadro, se presenta la extensión de los caminos de la red val del Paraguay, según los tipos de red y de pavimento o la superficie de rodadura.

Si a esta carencia también le sumamos los problemas que se generan por la falta de conservación de la red vial ya existente, nos encontramos ante un sin número de dificultades que son fáciles de percibir.

Dentro de los problemas ocasionados por la falta de conservación y mantenimiento de los caminos, también debe considerarse el mal estado en que se encuentran varios puentes que comprometen el transporte de cargas y la seguridad de los usuarios que utilizan estas obras de arte para su desplazamiento. Por esta razón, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc) se comprometió a mejorar 20.000 metros lineales de puentes de madera que requieren ser sustituidos por estructuras de hormigón. La inversión necesaria para es de, aproximadamente,  250 millones de dólares.

La falta de conservación de los caminos trae consigo una serie de inconvenientes entre los que se puede citar: generación de mayor cantidad de accidentes con saldos mortales, pérdida del patrimonio vial del país, deterioro acelerado de los vehículos del parque automotor con los consecuentes aumentos de costos de operación, efectos negativos en el medio ambiente, demoras e incomodidades en los tiempos de viaje y aumento de costos en la producción de bienes y servicios. 

Según un reporte del Foro Económico Mundial, el Paraguay se encuentra entre los más  atrasados, tanto en lo que se refiere a la calidad como a la extensión de las carreteras. Ocupa el puesto 132 de entre 148 países del mundo y 19 entre 20 de América, quedando solo después de Haití que ha sufrido un devastador terremoto hace cinco años.

El Foro al cual se hace mención, es una fundación sin fines de lucro que está constituido por técnicos del FMI (Fondo Monetario Internacional), Banco Mundial y principales líderes empresariales.

El estado en que se encuentran nuestras rutas debe ser motivo de preocupación para todos ya que en la medida que se postergan los trabajos de mantenimiento, mayor serán los problemas que se derivan por la falta de intervención de las mismas. 

En el cuadro que se presenta a continuación, se puede apreciar el estado en que se encuentran nuestras rutas.

Pero el déficit que padece nuestro país no solo se circunscribe a los obstáculos antes mencionados, sino que además existen varios otros factores que inciden desfavorablemente sobre el nivel de calidad que debería tener nuestra infraestructura vial.

El aumento cada vez mayor del parque automotor representa también un gran problema no menos importante, si es que se considera que este crecimiento no fue acompañado por la construcción de nuevas carreteras.

Aunque la falta de recursos podría ser uno de los motivos para no realizar las operaciones adecuadas de conservación o mantenimiento, tampoco es menos cierto que se hace necesario contar con una buena política vial que apunte a lograr objetivos bien definidos que garanticen las mejores condiciones de servicio para los usuarios de las rutas.      

Según el Mopc, las malas condiciones en que se encuentran las rutas obligan a destinar millonarios recursos en mantenimiento de la red vial, requiriéndose para ello 100 millones de dólares al año.

Estas informaciones revelan con elocuencia, que es necesario y urgente implementar una política vial eficiente a fin de reducir el déficit en la infraestructura vial. Pero para que esto sea posible, se debe crear un programa integral en el cual se involucren a varias de las instituciones del estado que trabajen de un modo coordinado. En ese plan se debe establecer objetivos concretos y pautas bien claras que contemple la participación de un equipo multidisciplinario, entre los que podrían formar parte por ejemplo, los Ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones, de Agricultura, de Hacienda, de Industria y Comercio, de Salud, como así también la Dirección de Estadística Encuestas y Censos, la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría del Ambiente. De fundamental importancia será la elaboración de cronogramas, que tendrán como fin establecer el tiempo en que deberán desarrollarse cada una de las fases del programa.

Para poner en marcha este ambicioso plan, se deberá partir de un inventario actualizado de las rutas que conforman la red vial nacional, el cual estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Con la obtención de los datos que surjan de ese inventario, y en la medida que avance los trabajos de relevamiento de la red vial, será posible recurrir al Ministerio de Agricultura y a la Secretaría Técnica de Planificación, para que de manera conjunta se fijen las prioridades para construir nuevas rutas y/o conservar las existentes que necesitan con urgencia ser intervenidas. Estas informaciones permitirán elaborar un presupuesto tentativo que podrá ponerse a consideración del Ministerio de Hacienda con el fin de ver si esta dependencia podría contar con los recursos necesarios para poner en ejecución el plan propuesto.

Si es que el Mopc solo procede a elaborar un plan o programa de gestión vial desconociendo las prioridades en materia de desarrollo económico que son considerados por las otras instituciones del Estado, corre el riesgo de mal utilizar los escasos recursos financieros con los que podría disponer.

Si no se tiene información sobre los proyectos de desarrollo que están siendo elaborados por los Ministerios de Agricultura o de Industria y Comercio, será difícil establecer con toda eficiencia las prioridades que deberían considerarse para construir las rutas o conservarlas debidamente. El MOPC no posee estudios de factibilidad técnico-económico de todas las zonas donde no existen caminos; tampoco tiene conocimiento si algunos de los caminos existentes que requieren conservación, deben ser postergados teniendo en cuenta que desde el punto de vista de los proyectos económicos no son prioritarios. La solución no parece ser tan sencilla pues, antes de construir o conservar las rutas que realmente son necesarias desde el punto de vista ingenieril, debería conocerse sobre los recursos económicos de que se dispone.

Después de todo, por algo se debe comenzar, pues es de fundamental importancia que lo más pronto posible el Estado empiece a arbitrar los medios para llevar a cabo una política vial eficiente que apunte a mejorar la calidad de nuestra infraestructura vial. 

Perfil

Ingeniero Civil, egresado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (Facultad de Ingeniería) de la Universidad Nacional de Asunción, especializado en Elaboración y evaluación de proyectos de inversión (Cepades). 

Realizó diferentes cursos de especialización, asistió a congresos y seminarios tanto a nivel nacional como internacional  y se desempeñó en los sectores público y privado como asesor técnico de costos.