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Año XXXII - Nº 376 - Agosto 2014

Editorial

Transparencia versus Corrupción

La corrupción tiene mil y una caras, formas y métodos de camuflarse. La inventiva de los deshonestos es inacabable. Cuando una modalidad es descubierta, los ladrones públicos ya tienen diez o cien nuevas formas de seguir robando.

Esto viene a cuento por la objeción de las autoridades de Yacyretá e Itaipú de cumplir con la Ley N° 5189/2014 que los obliga, al igual que a todas las instituciones del Estado, a transparentar e informar sobre cuántos y quiénes son los funcionarios contratados así como los emolumentos que cobran. Ambos entes binacionales dieron largas al reclamo de publicar la aclaración y, finalmente, de común acuerdo, solicitaron a la Corte Suprema que no se les aplique la legislación alegando que siendo entes binacionales no están sujetos a cumplir la norma;  en otras palabras, que no tienen por qué obedecer las leyes de la República.

Este argumento, a más de ser falaz, señala claramente que las autoridades de ambos entes no quieren, de ninguna manera, que el país sepa quiénes son y cuánto ganan. Además ¿por qué si nada tienen que ocultar se niegan a transparentarla?

El 20 de noviembre del año pasado el propio presidente de la República había confirmado a la prensa que los organismos no harían público los salarios pero sí la nómina, y ahora, ni la nómina ni los sueldos ¿por qué la negativa? Quizás, porque de hacerse público este registro, inmediatamente la opinión pública hurgará en el listado y saldrá a la luz quienes son esposas, hijos, sobrinos, novios, amantes, compadres, “ñoquis” o planilleros, cuates, socios, compueblanos, etcétera, de las claques que integran la plantilla y, además, cuántos de ellos también figuran como funcionarios de otras dependencias del Estado; pues, es de suponer, que si Perlita Paredes cobraba cinco sueldos públicos, incluso en Itaipú ¿por qué muchas otras Perlitas no podrían disfrutar de la misma situación?

Podría ocurrir, asimismo, que los funcionarios de Yacyretá e Itaipú, emulando a sus cófrades de la Cámara de Senadores, o viceversa, estuvieran cobrando cinco o más aguinaldos al año y que, a criterio de las autoridades de estos entes, ese dato sea mejor no divulgarlo. Privilegio éste, que no puede considerarse una conquista laboral. Instituye una injusta discriminación cuando, por ejemplo, muchísimas maestras desde hace años enseñan sin cobrar pues el Ministerio de Educación no dispone del dinero para pagarles sus sueldos, y cuando hay miles de funcionarios que deben sobrevivir con salarios más que insuficientes. Y paremos ahí.

Como la administración de esas prebendas se realiza entre cuatro paredes, sin que nadie, salvo ellos mismos, esté enterado, es natural y lógico que existan otros absurdos sobresueldos que premien, por ejemplo, el “presentismo” y “la llegada a hora”, “premios, estímulos, incentivos”, o como quiera llamarse, que constituyen una bofetada a todos los demás trabajadores ya que el código laboral establece que las ausencias y/o llegadas tardías reiteradas del trabajador son causales de despido sin previa indemnización. ¿No es acaso un contrasentido que unos puedan ser despedidos por faltar o llegar tarde a su lugar de trabajo y otros sean gratificados por llegar a hora o presentarse a trabajar, cuando esa es su obligación?  

Otro ítem que puede incluirse entre los estipendios extras que se otorgan alegremente es el sobresueldo que el Estado paga a todos aquellos empleados que puedan acreditar haber culminado una carrera universitaria, extra que en algunos casos casi supera el monto del mismo salario. No se discierne si el beneficiado está calificado o no para ejercer su título, si éste fue otorgado por una reconocida escuela de estudios superiores o si proviene de alguna de esas universidades “kañy”, de garaje, que pululan a lo largo y ancho del país y que otorgan, a todos aquellos que pagaron rigurosamente sus cuotas, sin otro rigor,una pomposa cartulina que no tiene el aval del conocimiento que el ejercicio de una profesión requiere y que sólo da fe al viejo adagio español que reza: “lo que natura non da Salamanca non presta”. 

Mandu’a valora que se premie a aquellos burócratas que se sacrifiquen por mejorar su preparación. Ello es encomiable y el Estado mismo debe fomentar esa práctica ya que sin educación no habrá superación ni desarrollo y, lógicamente, corresponde que dicho perfeccionamiento conlleve mejores condiciones laborales y una retribución acorde; pero el título presentado no es suficiente, debe estar avalado por la instrucción y el saber adecuados, y el monto de la retribución debe tener idéntica lectura en todas las oficinas del Estado, no puede ser que en algunas este estipendio corresponda a una mínima fracción del sueldo y en otras a cifras millonarias.

En la apreciación de Mandu’a, estas prácticas son solo algunas de las mil y una caras que presenta la corrupción. Apreciado lector ¿usted qué opina?

 

 
 

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