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Año XXXII - N° 378 - Octubre 2014

Editorial

El parque Pavetti y otros fatos por el estilo

 

Mandu’a, en esta edición, dedica su sección Resumen de prensa a comentar lo que acontece con el parque Pavetti, que se extiende por varias cuadras de la avenida Santísima Trinidad para solaz de sus vecinos y toda persona que circule por la zona (barrio Trinidad), siendo uno de los pocos espacios públicos de exuberante vegetación que conserva la ciudad.

El parque se alza sobre tierras  donadas a la Municipalidad de Asunción por Claudio V. Pavetti Morín -profesor universitario, ingeniero forestal y farmacéutico-, solar conocido desde antaño como la quinta Pavetti. Las tierras fueron parquizadas y (más o menos) cuidadas por el ayuntamiento que, sin embargo, no se ocupó, en vida del donante ni después, de titular la posesión.

En este contexto, presumiblemente, es que hoy, varias décadas después de fallecido el señor Pavetti, habiendo en el entorno subido por las nubes el valor de la tierra hasta constituirse en una de las zonas más privilegiadas de Asunción, con edificios de altísima gama ya construidos o en etapa de serlo sobre la mencionada avenida, la opinión pública se hace eco de la noticia denunciada por los vecinos del barrio, de que parte del parque habría sido vendido en ocho millones de dólares. Se alega que, según argumentarían los herederos del señor Pavetti, la donación sería de sólo una fracción del terreno y que el resto de la propiedad aún les pertenece, siendo el municipio mero ocupante del predio (desde hace más de tres décadas). 

En esta materia, la negligente conducta-en todas sus esferas- de los diferentes gobiernos, ha provocado múltiples situaciones similares a las de este comentario. Las tierras de Casado donadas al país al término de la Guerra del Chaco nunca fueron tituladas y el Estado terminó perdiéndolas. Las de Campos Morombí, que fueran motivo del enfrentamiento armado entre campesinos y policías con el terrible saldo de 17 víctimas fatales, habían sido donadas al Estado por la Industrial Paraguaya y, a pesar de estar tituladas, el conocido empresario y político colorado Blas N. Riquelme, con argucias y posible negligencia o complicidad, terminó apropiándoselas por usucapión, conflicto que continúa hasta la fecha, aunque con pocas perspectivas a favor del Estado. Hasta el Palacio de López carecía de título. Ejemplos así existen a montones, muchísimas escuelas, hospitales, puestos de salud, plazas, erigidas en terrenos públicos donados por ciudadanos patriotas no cuentan con el documento que los habilite como propiedad estatal, tantos, que Mandu’a se atrevería a afirmar que la mayoría se encuentra en esa situación.

Y ni hablar de los predios y calles que por imperio de la antigua Ley de Loteamientos, el loteador cedió obligatoriamente a los respectivos municipios para reserva de futuros edificios públicos, plazas y calles; poquísimos están titulado y aunque los artículos de la  norma incluidos in extenso en la Ley Orgánica Municipal, que rige en la materia, instituye que las fracciones destinadas al dominio público, (plazas, avenidas, calles, caminos, puentes, etcétera), son inalienables, inembargables e imprescriptibles, muchísimas de estas “reservas” terminaron convirtiéndose en posesiones de autoridades políticas, seccionaleros, militares, policías y de cualquier avivado con suficiente influencia como para apoderarse de ellas. No sólo plazas, también calles, y la mayoría de las seccionales de la ANR se asientan sobre esos solares. La Ley posibilita recuperarlos, sólo se precisa la decisión política de hacerlo. Tamaña tarea.

En contrapartida, según se desprende de informes del Catastro, proliferan las propiedades con doble, triple y cuádruple títulación o cuyos derechos se yuxtaponen, tanto que, según los documentos, la extensión del territorio sería bastante mayor al real. 

Y algo igualmente singular. Durante el largo lapso transcurrido en gran parte del siglo XX, en el cual gobiernos autoritarios se hicieron del poder de la República, muchos propietarios de tierras del dominio privado fueron despojados manu militari por mandamases de turno que se apropiaron de ellas para sí mismos o que las anexaron a posesiones del Estado. Cabe citar aquí un caso, bastante conocido, que atañe de cerca a quien escribe estas líneas, en el cual la Fuerza Aérea confiscó, en el distrito de Luque, tierras de su familia y en las que (ya caída la dictadura), en el juicio de reivindicación iniciado por sus legítimos propietarios, el Estado, a pesar de haber perdido en todas las instancias (no uno sino dos litigios sobre esta propiedad), se niega a devolverlas a sus genuinos dueños arguyendo no poder ubicarla, a pesar de que durante el proceso judicial, alegando estar en “pacífica” posesión desde hacía 70 años, había reclamado la usucapión de dichas tierras. Aquí corresponde preguntarse ¿cómo pudo la Fuerza Aérea escudarse en la posesión de la finca, reivindicar el derecho de usucapión y afirmar posteriormente, muy suelta de cuerpo, no poder ubicarla?

Aunque como decía el Quijote hace ya 400 años: “Cosas veredes Sancho”.

 
 

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