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Año XXXIII - N° 387 - Julio 2015
Editorial
La ley de APP, el G15, la ANR y un poco de historia
¿A qué se debe el actual enfrentamiento entre el grupo de quince senadores de la ANR, conocido como G15, y el presidente Cartes por la Ley de Alianza Público Privada o APP?
Para encontrar una respuesta habría que analizar el transcurrir de la política en los últimos años, a nivel nacional y fundamentalmente en el interior del Partido Colorado.
Horacio Cartes hace su irrupción en política de la mano del senador Galaverna, pocos meses antes de las elecciones municipales del año 2010, tiempo éste en el que la ANR pasaba por su peor momento. Fernando Lugo, en el 2008 la había desplazado del poder tras 61 años de predominio y en ese lapso de dos años conoció los sinsabores del ostracismo sin las facilidades que dan las mieles de la omnipotencia a las que estaba tan habituada.
En dicha circunstancia, calladamente, Cartes apoyó generosamente a los candidatos del partido -al cual se había afiliado poco antes- consiguiendo para los colorados una resonante victoria.
De ahí surge su fulgurante estrella, comparable a la de un mesías, que le permitió, en pocos meses, salvar raudamente todos los obstáculos que se le presentaron, a saber: la convocatoria de la Junta de Gobierno a una convención partidaria para cambiar los estatutos, ya que precisaba que se autorizara su candidatura con apenas un año de pertenencia a la nucleación, para lo cual requería una mayoría de dos tercios de los votos de los convencionales, objetivo que logró con total suficiencia a pesar de la oposición que le presentó la dupla Castiglioni/Zacarías, que hasta entonces encabezaba todas las encuestas de opinión en la ANR. Según rumores, el voto de cada convencional habría costado unos 20 millones de guaraníes. Posteriormente, ya como precandidato, pasó sin mayores inconvenientes las internas, dándose el lujo que un gran número de candidatos optaran por su chapa para competir, incluso se dio el caso, en muchas jurisdicciones, que pujaran entre sí al mismo cargo, todos con su divisa, con el resultado que una gran mayoría de las candidaturas fueron de su membresía.
En las elecciones nacionales obtuvo 1.104.169 votos, sobre los 889.451 de su contendiente y 337.667 más de los que había alcanzado Lugo en el 2008. Consiguiendo, además, que la ANR sumara 19 senadores sobre los 45 de la Cámara alta y mayoría absoluta en la de Diputados.
La Ley de APP aprobada a tambor batiente por el Senado el 26 de setiembre de 2013, apenas 42 días después de su asunción a la presidencia, fue apoyada por su bancada, los dos senadores oviedistas y varios integrantes de la oposición liberal, en la cual ya se insinuaba una entente entre los integrantes del sector que lidera Blas Llano y los cartistas.
La Ley, en su artículo 52 da piedra libre al Poder Ejecutivo para “estructurar, seleccionar, adjudicar y celebrar los contratos respectivos” sobre una amplísima variedad de ítems. Durante el tratamiento de este proyecto, representantes de la oposición manifestaron su inquietud y su desacuerdo a que el Parlamento dejara exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo la decisión final sobre estos contratos, renunciando a las prerrogativas que la Constitución le confiere en dichas cuestiones, señalándose, incluso, la inconstitucionalidad de dicha dispensa. La mayoría que entonces impulsó la Ley, incluyendo a los quince senadores que ahora integran el G15, no aceptaron dichos argumentos y sancionaron la Ley.
Gradualmente, el presidente Cartes fue pergeñando acciones que hacían avizorar el propósito de acrecentar su predominio sobre los demás Poderes. Últimamente, ello se hizo evidente con el veto presidencial a la designación de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, quien, a pesar de pertenecer a la nomenclatura colorada, no tiene su visto bueno y, más notorio aún, con la oposición a que se eligiera otra terna.
Asimismo, la imposición de un candidato a la presidencia de la ANR, su protagonismo en la dispendiosa campaña del nominado, en la aparente determinación de ganar la compulsa a cualquier costo, para así contar con una Junta dócil que apoyara lo que sería su principal propósito: cambiar el artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial.
A ello también apuntaría la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral que, en una forzada interpretación de la Ley, autoriza la re-reelección de los intendentes municipales.
El grupo de los quince, integrado por prominentes dirigentes del Partido Colorado, tiene aún fresca en la memoria el alto costo de haber permanecido atados de pies y manos a los designios del dictador Stroessner, experiencia que no tienen el más mínimo interés en repetir.
Dichos motivos habrían impulsado, en opinión de la revista, los cambios en la ley de APP y el actual enfrentamiento