« Volver al detalle


Año XXXV - N° 410 - Junio 2017

Editorial

Ineficiencia de las fuerzas de seguridad deja sin protección a la ciudadanía

Si hay algo que el gobierno actual descuida de un modo alarmante es la seguridad de las personas y sus bienes. A pesar de que el artículo 9 de la Constitución Nacional dice claramente que “toda persona tiene el derecho de ser protegida en su libertad y en su seguridad”, los organismos del Estado han sido incapaces de cumplir a cabalidad ese mandato imperativo.

Las fuerzas de seguridad representadas por la Policía Nacional y por ésta y los militares -en la fuerza de tarea conjunta que está para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) sin resultados que valgan la pena mencionar y sí con bajas que indican derrota-, no solo no han sido capaces de enfrentar con eficiencia a los delincuentes sino que, en algunos casos, se han plegado a los malvivientes pasando a sus filas por acción directa o por omisión ocasionada por el dinero sucio que corre entre algunos uniformados.

El reciente caso del espectacular asalto de la oficina de la transportadora de caudales de Prosegur, en Ciudad del Este, es un ejemplo de lo que ocurre en nuestro país con el tema de la inseguridad. Bien vale la pena un somero análisis de la situación generada, su contextualización y una conclusión al respecto con el criterio de que los hechos negativos consumados tienen que servir de lección para dar un sustancial golpe de timón.

Es evidente que al Sistema Nacional de Inteligencia (Sinai), creado en diciembre de 2014 por ley, cuya función específica es “detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas nacionales o internacionales y de organizaciones criminales transnacionales”, le pasó completamente desapercibido que un centenar de delincuentes -la mayoría brasileños, con conexiones locales- estaban planificando un golpe de gran envergadura.

Cometer un asalto planificado y ejecutado como en las películas de Hollywood no puede ser mantenido tan en secreto. De haber habido una Policía alerta y profesional para defender a los ciudadanos y sus bienes, así como un servicio de inteligencia que utiliza la tecnología para obtener información, se hubiera desbaratado el episodio que avergonzó a las fuerzas del orden de la República porque ni siquiera olieron lo que se estaba preparando. O fue “silenciada” de antemano.

Para colmo, informaciones provenientes del Brasil hacía meses que advertían acerca de la presencia de peligrosos delincuentes en la frontera. Incluso algunos asaltos anteriores que pudieron haber servido como un “ensayo general” de lo que después vendría para obtener un botín millonario, debieron haber servido de luz roja para extremar recursos y estar preparados para alguna circunstancia más grave.

A la ineficiencia en la detección de lo que estaba por ocurrir se le suma la posterior, ya que los delincuentes, luego de perpetrar el asalto, pasaron la frontera sin que las fuerzas de seguridad paraguayas pudieran ofrecerles resistencia considerable. Fue la Policía Federal Brasileña la que enfrentó en su territorio a tiros a los asaltantes matando a algunos y deteniendo a otros.

Además de ser de suma gravedad lo ocurrido, con la quema de una veintena de vehículos para no dejar evidencias, el uso de explosivos y armas de guerra a los que acompañó una  balacera infernal que pobló la madrugada de la ciudad esteña, lo verdaderamente alarmante fue que puso en peligro la vida de civiles que nada tenían que ver en el episodio.

Los testimonios recogidos por la prensa dan cuenta de la zozobra, el miedo, la incertidumbre y el desconcierto provocados por los que se llevaron 11.720. 255 dólares -según el informe oficial final, ya que inicialmente el monto difundido fue de 40 millones de dólares-, lo cual constituye el asalto más grande de la historia del país.

Lo sucedido en tamaño gigante no es sino la copia ampliada de lo que ocurre en todo el Paraguay. El principio constitucional de que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la seguridad de las personas es letra muerta. Hay una Policía Nacional cada vez menos comprometida con la protección de los ciudadanos. Los esporádicos golpes efectistas en los medios de información sobre acciones exitosas son insuficientes para cubrir la tremenda irresponsabilidad de las fuerzas de seguridad.

El fracaso que desnuda una realidad lamentable de la indefensión ciudadana por parte de organismos inútiles para desempeñar el rol que tienen en la sociedad, debería dejar una tarea a cumplir: que el Ministerio del Interior, responsable de llevar a cabo la política pública de seguridad, haga una profunda revisión de la situación actual y busque los mecanismos necesarios para revertir lo que perjudica seriamente a las instituciones públicas y a la ciudadanía.

La seguridad no puede ser en una sociedad un bien que se reclama sino un capital tangible y cotidiano que permita a todos los que viven en la República vivir tranquilos, desarrollarse y cumplir sus aspiraciones.

 

 

 
 

Revista