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Año XXXVIII - N° 446 - Junio 2020
Editorial
El futuro requerirá el aporte de todos.
Por: Mario Rubén Alvarez
Si ya estamos viviendo tiempos difíciles con el Covid-19, el post-coronavirus será mucho más difícil aún porque el impacto principal de las medidas que se han adoptado para combatir la enfermedad recae en la economía.
De entrada, basta mirar el préstamo de contingencia al que recurre el Gobierno: 1.600 millones de dólares obtenidos de organismos financieros internacionales y bonos. Su propósito, en los papeles, es dotar de fondos al Ministerio de Salud para enfrentar la gran pobreza de medios, proteger el empleo (del sector público) y dar auxilio a las familias más vulnerables.
En medio del esfuerzo que hace el Ministerio de Salud Pública para contener al coronavirus, aparecen lamentables actos de corrupción del sector público vinculados a la compra de insumos de protección de la salud. El caso más notorio y vergonzoso es el de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) que pagó 30.000 guaraníes por cada uno de los 4.000 tapabocas adquiridos.
El director de esa institución fue destituido y procesado junto al equipo involucrado en la sobrefacturación. Es de esperar que la impunidad no premie a quienes cometieron la canallada de lucrar a costa de la salud.
Otro aspecto cuestionable del manejo de la cosa pública es que ese fondo de 1.600 millones de dólares, el Gobierno lo utiliza en parte para el pago de salario completo a funcionarios públicos todos los meses. Muchos de ellos ni siquiera han ido a sus lugares de trabajo. Mientras tanto, el Instituto de Previsión Social solo ha pagado a los trabajadores del sector privado cesados en sus tareas un subsidio único* del 50 por ciento del salario mínimo. Esto constituye una injusticia en relación al tratamiento que reciben los empleados del Estado.
Cuando el impacto del coronavirus se reduzca y el país vaya recuperando su normalidad, el país sufrirá las consecuencias del tiempo de paro. La principal será el problema económico: no solo todos tendremos que pagar la deuda externa con intereses sino que el cierre de empresas, la desocupación y los problemas sociales que todo esto generará serán graves.
Ante esta realidad, es necesario que a partir de ahora el Gobierno y la sociedad civil se planteen un Plan de Reactivación Económico-Social. Ya bastante sacrificio está haciendo la ciudadanía. Es hora de que el Gobierno, antes que nada, anuncie un programa de austeridad que elimine los privilegios de sobresueldos, aguinaldos, combustibles, pago por presentismo y otros para los funcionarios estatales.
Los multimillonarios sueldos que ganan algunos burócratas de alto rango en las binacionales y otras instituciones del Estado deben bajar considerablemente. El límite salarial tendría que estar dado por el ingreso mensual que percibe el Presidente de la República.
La prioridad de la reactivación económica tiene que ser la recuperación de los empleos formales, el apoyo a las industrias y a las PYMES, el aliento y la cooperación con los campesinos minifundiarios para que vuelvan a la agricultura familiar de autosustento, la disponibilidad de créditos blandos y el congelamiento de los aumentos salariales en el sector público y de los impuestos , entre otras medidas.
El futuro inmediato no va a ser fácil. Es hora pues de unir las voluntades de gobernantes y gobernados. Que la lección que deje el coronavirus sea que el país, para que salga adelante, tiene que realizar cambios profundos donde los políticos abandonen sus viejos vicios y la ciudadanía se esfuerce en trabajar y controlar a los que toman decisiones.
* El 19 de Mayo el Instituto de Previsión Social (IPS), confirmó que realizará un segundo pago a los trabajadores formales cesantes.