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Año XXXIX - N° 466 - Febrero 2022

Editorial

ELECTORADO CÓMPLICE DE CORRUPTOS
 
Tras la caída de la dictadura hace 33 años, en febrero de 1989, había una gran esperanza de cambio en nuestro país. Se pensaba que con democracia iban a mejorar sustancialmente las diversas realidades, que habría una distribución más equitativa de la riqueza, justicia de verdad, castigo a los corruptos y delincuentes, salud y educación de calidad para todos, políticos realmente patriotas que priorizaran los intereses de la Nación y las mayorías postergadas, Parlamento al servicio de la República y elecciones en las que los más capaces y honestos fueran los ganadores.  
 
A esta altura, haciendo un balance de las tres décadas y un poco más de vida democrática, el resultado no es el esperado. Lejos de avanzar en los aspectos esenciales que atañen al desarrollo en los diversos frentes, se ha retrocedido en varios aspectos. Uno de ellos, fundamental para el funcionamiento eficaz del Estado y de los gobiernos, es el pésimo desenvolvimiento de la clase política, salvo contadísimas excepciones, en especial del partido que está en el gobierno. 
 
Se ha visto a lo largo de todo este tiempo que se esperaba fuera diferente cómo los que fueron elegidos para representar a los ciudadanos en el Congreso, sistemáticamente, han dado la espalda a las inquietudes y necesidades de los diversos sectores sociales. Han legislado, votado y tomado determinaciones contrarios al Bien Común, a favor de intereses particulares. No representan la voz del pueblo sino la de unos pocos poderosos ávidos de incrementar su fortuna y obtener ventajas que solo les beneficia a ellos. 
 
Por otro lado, dentro del Ejecutivo, con frecuencia, se han constatado robos, despojos, sobrefacturaciones, licitaciones direccionadas y amañadas, despilfarros del presupuesto de gastos de la Nación, desvíos de fondos destinados a propósitos exclusivos, contrataciones de empleados públicos clientelistas y muchas otras formas de abuso de los bienes colectivos. 
 
La administración de Justicia es pésima. El Partido que está en el gobierno hace más de 70 años ha colocado en los diversos puestos –desde ministros de la Corte Suprema y la Justicia Electoral hasta ujieres- a sus leales para garantizar la continuidad de su predominio también en ese ámbito. 
 
Pese a las críticas, las denuncias y las evidencias, los malos gobernantes en las diversas instancias, no han sido sancionados por el voto-castigo. Los reclamos de honestidad, justicia y buen gobierno han caído, para la mayoría, en saco roto. Por eso los corruptos y los que los apoyan siguen gobernando al Paraguay. Los que hunden cada vez más la República siguen campantes porque no hay castigo, aún en groseros casos como el pedido de intervención de la Gobernación del Departamento Central avalado por la Contraloría, la Fiscalía y jueces del Poder Judicial, a pesar de lo cual la bancada de la ANR en la Cámara de Diputados la impidió. No importa lo que hagan, se fían en que una ciudadanía cómplice los volverá a votar.  
 
Es necesario tomar conciencia de esta triste realidad. Y unirse en un solo frente en el que también sean tenidos en cuenta los disidentes del partido de gobierno. De lo contrario, la República, cada vez más, se encaminará hasta el borde del abismo y solo restará dar un paso al frente.  
 
 

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