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Año 42 - N° 500 - Enero 2025
Editorial
Castigo injusto a trabajadores y premio a la corrupción del IPS
El nuevo año empieza mal para los aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS) que van a jubilarse a partir de ahora: la ley aprobada por el Congreso a velocidad supersónica en los últimos días de sesiones ordinarias del Parlamento en diciembre pasado establece que el cálculo para establecer el monto jubilatorio se hará en base al promedio de aporte de los últimos diez años de trabajo.
El cambio es abismal porque hasta antes de la aprobación del instrumento legal ya vigente el promedio para saber cuánto es el haber jubilatorio de alguien que alcanzó la edad establecida y el tiempo de aporte requerido era de tres años.
Ese salto irracional, desmedido y absurdo, en realidad, es un asalto de cuello blanco a los sacrificados trabajadores que, con seguridad, recibirán menos dinero cuando se jubilen, consagra una gran injusticia puesto que a ellos se les medirá con un criterio diferente al de los que se han jubilado hasta el año pasado.
No sorprende, sin embargo, la medida apoyada por los sectores cartistas de las cámaras de Diputados y Senadores porque con demasiada frecuencia ellos han sido los canales de aprobación de normas que perjudican a los ciudadanos y premian, como en este caso al IPS, a administradores corruptos que han desangrado las arcas del seguro social obligatorio poniendo en peligro los ahorros destinados al pago de jubilaciones.
Con esa complicidad desvergonzada, los legisladores han vuelto a sacar sus mugrientas uñas para perjudicar a uno de los sectores más vulnerables de nuestro país: los trabajadores asalariados. Una vez más han actuado para dar oxígeno a una institución impregnada de corrupción y de falta de eficiencia para responder con eficacia a las necesidades de salud de los asegurados.
Las voces de protesta y los argumentos de los jubilados y escasos trabajadores organizados que han salido en defensa de los futuros jubilados, aunque con ingresos disminuidos a raíz de la ley que se acaba de aprobar, no han sido escuchados por los parlamentarios que, en tres días, a tambor batiente, han despachado favorablemente el injusto instrumento legal.
Es triste y lamentable que una institución de tan loables propósitos como el IPS llegue al punto de castigar a sus aportantes para cubrir su mala administración. Si bien es de los aportantes asalariados y sus empleadores, el Estado, a través de los gobiernos colorados de turno -sin aportar la cuota que la ley establece y, por lo tanto, le debe una fortuna al IPS- se ha apoderado de su administración para desfondarlo, corromperlo, hacerlo cada día más ineficiente. Y los legisladores ni han mencionado esa situación injusta.
Lo que ha ocurrido, además de reflejar la prepotencia de los que ejercen el poder, también ha desnudado la falta de fuerza de los trabajadores para defender sus intereses. El resultado está a la vista: el festín del IPS va a continuar aún por mucho tiempo, lamentablemente.