« Volver al detalle
Año 43 - N° 506 - Julio 2025
Editorial
Peaje en la hidrovía: un obstáculo disfrazado de tarifa
El cobro de peaje en la hidrovía Paraguay–Paraná, impuesto de forma unilateral por Argentina en el tramo Santa Fe–Confluencia, representa no solo una carga económica, sino también un retroceso institucional en la gobernanza fluvial de la región. Este tipo de medidas, adoptadas sin consenso ni base técnica sólida, atentan contra la previsibilidad jurídica y logística necesaria para el desarrollo de sectores estratégicos en Paraguay, como el agro, la industria, la logística y la construcción.
Desde 2022, Argentina viene aplicando tarifas crecientes que alcanzaron en 2025 los US$ 1,47 por tonelada. Este monto representa un aumento acumulado del 111 % en relación con tarifas iniciales, según datos del Centro de Navegación y la Comisión del Litoral. A pesar de las objeciones formales de Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, la medida sigue vigente. La reciente prórroga de 60 días, dispuesta el 3 de junio de 2025, lejos de resolver la situación, dilata un conflicto que exige soluciones técnicas basadas en transparencia y concertación multilateral.
La hidrovía no es un río argentino. Es un corredor logístico de interés compartido, y cualquier alteración de sus condiciones de uso debería ser analizada por la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía, conforme a lo pactado en 1992. Al no presentar estudios de costo–beneficio ni justificar con precisión las obras supuestamente financiadas por el peaje, Argentina debilita su legitimidad regional. Como sostienen expertos del Instituto de Derecho Internacional del Mercosur, imponer condiciones sin consenso es violatorio del principio de utilización equitativa de cursos de agua internacionales.
Para Paraguay, país mediterráneo cuyo 75 % del comercio exterior se moviliza por vía fluvial —según datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones— este tipo de barreras compromete no solo su inserción comercial, sino también la sostenibilidad de sectores clave. En la industria de la construcción, por ejemplo, un aumento de costos logísticos impacta directamente en los precios finales de obras civiles, proyectos habitacionales y equipamientos urbanos. Insumos como acero, cemento clinker, paneles prefabricados, vidrios especiales o equipos mecánicos suelen depender de importaciones fluviales y una logística portuaria eficiente.
Una salida viable sería la adopción de un esquema de gobernanza compartida y transparente, similar al modelo del Canal de Panamá, donde la fijación de tarifas responde a criterios multilaterales, con informes públicos y previsibilidad contractual. Otra referencia útil es la Comisión Internacional para la Protección del Rin, que ha logrado consensos estables entre países ribereños mediante mecanismos de compensación y evaluación técnica conjunta.
En lugar de una tarifa impositiva disfrazada de servicio, se requiere un sistema regulatorio basado en criterios técnicos, costos reales y principios de equidad territorial. Paraguay tiene derecho a exigir que se respete la legalidad regional, en defensa de su desarrollo, su infraestructura y su soberanía logística.