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Año 44 - N° 510 - Noviembre 2025
Editorial
Paraguay abre su telón de inversión: entre la oportunidad y el desafío
En septiembre de 2025, Paraguay aprobó un paquete de leyes que marca un antes y un después en su política económica. Las nuevas Leyes N.º 7.546, 7.547 y 7.548 buscan atraer inversiones, impulsar la industrialización y modernizar un régimen que llevaba más de tres décadas sin cambios profundos. Sobre el papel, la iniciativa es una señal clara de apertura y de confianza en el potencial productivo del país. Pero como suele ocurrir en Paraguay, la pregunta central no es si las leyes son buenas, sino si lograrán hacerse realidad.
La Ley N.º 7.548, que sustituye a la histórica Ley 60/90, amplía los incentivos fiscales a las inversiones locales y extranjeras por igual. Por primera vez, el capital nacional accede a los mismos beneficios que el foráneo, incluyendo estabilidad tributaria de largo plazo y exenciones para importación de bienes de capital. La Ley N.º 7.547, por su parte, moderniza el régimen de maquila y extiende su alcance más allá de la industria tradicional, incorporando servicios como software, marketing digital y producción audiovisual. Finalmente, la Ley N.º 7.546 establece un marco de promoción para la producción y ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos y digitales, priorizando el valor agregado nacional y la transferencia tecnológica.
El impacto potencial sobre la construcción y el sector inmobiliario es evidente. Cada nueva planta industrial, parque logístico o centro de servicios genera demanda de infraestructura: caminos, energía, edificios, vivienda y servicios urbanos. Si estas leyes logran traducirse en inversión efectiva, podrían abrir una etapa de expansión territorial inédita, especialmente en zonas como Villeta, Mariano Roque Alonso o Yguazú, donde ya se vislumbran proyectos industriales de envergadura.
Sin embargo, toda oportunidad trae consigo un desafío. Las normas pueden crear el marco adecuado, pero su éxito dependerá de factores que van más allá del texto legal: la capacidad institucional del Estado, la agilidad de los permisos, la disponibilidad de mano de obra calificada y la previsibilidad jurídica. Sin esos cimientos, los incentivos corren el riesgo de quedarse en promesas.
También existe el desafío de orientar las inversiones hacia sectores que realmente fortalezcan el tejido productivo nacional. De poco servirá atraer ensambladoras o industrias aisladas si no se generan encadenamientos locales sólidos, proveedores nacionales y transferencia tecnológica real. El riesgo no es menor: repetir el modelo de crecimiento desigual, donde la inversión se concentra en pocos polos y los beneficios se disipan en el tiempo.
El sector de la construcción, en cambio, tiene la oportunidad de posicionarse como un actor estratégico en esta nueva etapa. Para ello deberá prepararse: profesionalizarse, innovar, adaptarse a estándares más exigentes y responder con agilidad a la demanda de infraestructura sostenible y eficiente. La modernización legal abre la puerta, pero serán las empresas constructoras y desarrolladoras las que decidan si la atraviesan con visión o con inercia.
Paraguay está frente a un momento decisivo. Las Leyes 7.546, 7.547 y 7.548 podrían convertirse en el cimiento de una década de expansión industrial, urbana y tecnológica. Pero su verdadero impacto dependerá de la coherencia entre el marco jurídico, la acción pública y la respuesta del sector privado.
El telón, efectivamente, ya se abrió. Lo que falta construir no es solo infraestructura, sino la confianza y la capacidad necesarias para que la inversión se traduzca en desarrollo real.