Edición N° 437 - Septiembre 2019

Noti Mandu'a

Venta de soberanía energética y juicio político al Ejecutivo, repercusiones

La comisión directiva del Centro de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (Fiuna), mediante un comunicado a la opinión pública expresó su posición en relación a la publicación del Acta Bilateral relativa a la contratación de potencia de la usina hidroeléctrica binacional de Itaipú, firmada por los embajadores del Paraguay y del Brasil en fecha del 24 de mayo de este año y de la renuncia del ingeniero Pedro Ferreira como  titular de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), señalando que “Sentamos postura discordante puesto que lo acordado solo desemboca en el encarecimiento de la contratación de potencia eléctrica por parte de la Ande a Itaipú, repercutiendo en el probable aumento de las tarifas de electricidad que pagan consumidores paraguayos”.

También “despreciamos el secretismo mantenido en las reuniones que trataban los términos de negociación de la contratación de energía, excluyendo así toda participación a las autoridades de la Ande y atentando alevosa, deshonrada y perversamente en contra de la soberanía energética de nuestra nación”, repudiamos la postura adoptada por nuestro gobierno y su representación, firmante del Acta Bilateral, calificándola como indecorosa, lesiva e irreparablemente antipatriótica, exigimos la transparencia que nuestras autoridades le deben al pueblo y a la democracia”

El documento finaliza diciendo que “es incuestionable que en los últimos años hemos demostrado que ya no toleraremos convivir con la corrupción, injusticia e inmoralidad que aprisionan y limitan nuestro crecimiento como país, y esta actitud no decaerá”.

Contraposiciones

Contrariamente a la postura adoptada por el Centro de Estudiantes de la Fiuna, la Cámara paraguaya de la industria de la construcción (Capaco) representada por el pleno de su comisión directiva, comunica que la entidad “apoya y estimula el cumplimiento irrestricto a los compromisos pactados, en la firme convicción de que este comportamiento promoverá la previsibilidad de nuestro país en las coyunturas que habrán de dilucidarse en el futuro”.

En tanto la Unión Industrial Paraguaya, UIP, “entiende que el acta constituye una regularización contractual que sincera el real crecimiento de la demanda energética del Paraguay con relación a la potencia garantizada de Itaipú. No obstante, lamenta que la comunicación se haya hecho recién a los 60 días después de suscrito el acuerdo y que no se socializaran las Implicancias del mismo en tiempo oportuno, como corresponda hacerlo”.

En el documento también se expresa que regularización “no deberla Implicar un aumento de la tarifa por el servicio eléctrico” y que la UIP “considera que el Gobierno debe abocarse a la búsqueda de opciones para financiar la transición hasta la negociación del 2023, sin que en ese interín se suba la tarifa.

De su lado el Centro de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Asunción en su comunicado a la opinión se expresó más que nada sobre el pedido de juicio político al Ejecutivo y en algunos de sus párrafos expresa: “Rechazamos  el juicio político al Poder Ejecutivo por las drásticas consecuencias que ello acarrearía para el Paraguay, solicitamos  a los actores de las distintas fuerzas políticas en disputa que le den una conclusión a este conflicto que genera inestabilidad e incertidumbre, exigimos que la investigación fiscal siga su curso y llegue al esclarecimiento total de los hechos, mediante la intervención del Ministerio Publico y demás órganos jurisdiccionales”.