Edición N° 408 - Abril 2017

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“Hacen pagar por adelantado la obra al pueblo”

El diputado liberal Juan Félix Nito Bogado afirmó que el Gobierno está haciendo pagar al pueblo por adelantado a la empresa española Sacyr por la ampliación de las rutas 2 y 7, a través de “un contrato leonino  y puntos oscuros”. Advirtió que esto motiva a que quieran continuar en el poder “a cualquier costo”.

El legislador fue consultado sobre el hecho que el consorcio liderado por la española Sacyr, contratista del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc) para dicha obra, bajo la modalidad de alianza público privada (APP) ya  comenzará a cobrar el peaje en los puestos de Ypacaraí y Coronel Oviedo a partir de septiembre de este año. Indicó que se firmó un contrato “donde se supone que hay arreglos que no existen”. Añadió que también se habla del aumento al doble de la tarifa del peaje por algo que no existe. “Al final de cuentas, estamos pagando por adelantado un servicio que estamos utilizando”, sentenció.

UH / 17.03.17

El comentario

¿A qué se debe el cobro adelantado? ¿Será parte del pago a la corona?

Una de las ventajas de la modalidad App es que la financiación de los trabajos corre por cuenta de la constructora a cargo de la obra la cual debe hacer bien y rápido su trabajo, dado que recién comienza a recuperar lo invertido una vez finalizada la obra, requisito que aquí no se cumple ya que la empresa empezará a cobrar antes. Y lo que es peor, sin siquiera haberse iniciado los trabajos, que arrancarán recién el año que viene (UH/23.01.17).

Sobre este tema Mandu’a publicó en junio de año pasado bajo el título El kilómetro de carretera en América Latina cuesta siete veces más que en Europa, el cual en el punto Cómo transparentar la obra pública, señala: “Las licitaciones de nueva generación en Colombia tienen elementos preventivos como poder discutir los pliegos antes de que se abra la licitación. Eso ha dado buenos resultados. Otro elemento es hacer audiencias en las que se hacen públicos los resultados, incluyendo la posibilidad de que los participantes tengan acceso a los documentos presentados por sus competidores, lo que permite establecer si hubo errores en los pliegos”, indicó Jaramillo Gómez.

“Lo primero que hay que cambiar es el modelo de gestión”, expresó el politólogo Osvaldo Ottaviano, director ejecutivo de la Fundación Metas Siglo XXI (Argentina), en diálogo con Infobae.

Actualmente, en Argentina y en otros países de la región se hace un llamado a licitación, se fija una base y resulta adjudicatario el que presenta el costo más bajo. El Estado le asigna un anticipo de inicio de obra del orden del 20 por ciento y a medida que va avanzando en la realización del proyecto le reembolsa lo construido.

Este modelo tiene varias falencias. Por un lado, si, como muchas veces ocurre, se alargan los tiempos de construcción, se elevan los costos y es el Estado el que debe hacerse cargo. Además, como el contratista empieza a recibir dinero incluso antes de empezar a construir y luego sigue recibiendo sin tener que presentar demasiadas pruebas de lo realizado, no tiene ningún incentivo para hacer una obra de calidad y en los tiempos previstos.

En cambio, con el modelo de ajuste alzado absoluto, el adjudicatario debe ejecutar la obra con sus propios recursos y, una vez terminada, se le efectúa el pago.

“En los países europeos el modelo de gestión es primero la obra y después el pago, que muchas veces es por peaje o por retribución del Estado. En Chile se aplica el mismo método de gestión, y pueden darse el lujo de cobrarle al adjudicatario un derecho a construir con su dinero una obra que es propiedad del Estado nacional”, dijo Ottaviano. De esta manera se consigue una ventaja doble. En primer lugar, se evita que el Estado dilapide recursos en empresas fraudulentas o ineficientes, ya que los contratistas saben que la única forma de cobrar es hacer su trabajo en tiempo y forma.

En segundo lugar, si el pago se hace por medio de la concesión de la carretera y del cobro de peajes, se incentiva a que la infraestructura sea de calidad, ya que, en caso contrario, la empresa deberá invertir grandes cantidades de dinero en el mantenimiento una vez concluida.

Pero sobre todo, se evita que la obra pública se convierta en un gran agujero negro en el que se van millones de dólares de las arcas del Estado, de los cuales sólo una pequeña parte se materializa en mejores servicios para los ciudadanos.