Edición N° 417 - Enero 2018
Noticia comentada
La noticia
Audios revelaron cómo Oscar González Daher manipulaba a la Justicia
En un audio filtrado, en diciembre pasado, se escucha una conversación entre Oscar Tuma y Oscar González Daher sobre la jueza Dina Marchuk, quien integraba un tribunal que condenó a una persona por estafar a Ramón González Daher, hermano del presidente del JEM, respecto de la disconformidad de los hermanos González Daher con los años que le dieron al condenado. A raíz de esto, el titular del Jurado de Enjuiciamiento quiso presionar a Marchuk, por lo que pidió informe del juicio y le hizo firmar a Tuma como miembro del órgano, aunque, según dijo el legislador, el equipo de Tuma operó para que no haya cambios en la condena.
También hay audios de Raúl Fernández Lippman, secretario del titular del JEM; uno donde se escucha a la fiscala Karina Giménez negociar con el secretario diciéndole que “trancaría” una causa de usurpación que investiga, en la que uno de los indagados es hermano del senador, si no fallan a su favor; y otro que habla con la fiscala Nadine Portillo.
Además del audio con Oscar Tuma, también se revelaron otros sobre conversaciones para ayudar a los ex intendentes de Mariano Roque Alonso y Lambaré, Walberto Zárate y Roberto Cárdenas, respectivamente.
La filtración de los audios provocó la suspensión por 60 días sin goce de dieta de González Daher por el escándalo de tráfico de influencias. En la sesión en la que cartistas, oviedistas y algunos llanistas estuvieron ausentes, tras una breve discusión sobre la fecha de inicio de la sanción, finalmente se aprobó que rija a partir del 16 de diciembre pasado, dado que si se postergaba, el legislador continuaría con atribuciones para votar, por ejemplo, en el caso que se trate la “pérdida de investidura” en su contra. Al cierre de esta edición, se aguardaba el inicio de una segunda sesión extraordinaria (la primera falló por falta de quórum) para tratar, de manera inédita en el Senado, la aplicación de la figura de la “pérdida de investidura” del senador González Daher, establecido en el artículo 201 de la Constitución Nacional que menciona el “uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado” como causal para perder la investidura de legislador.
González Daher presentó su renuncia como representante de la Cámara ante el Jurado, pero el pleno resolvió -por unanimidad- destituirlo del cargo. Para el efecto, se derogó la resolución que lo había nombrado en junio último.
Sin embargo, siguió como senador, candidato al rekutú, señala la crónica periodística.
UH
16.12.17
Abc
14,16, y 18.12.17
El comentario
La cara visible de la podredumbre política y judicial
Lo que era un secreto a voces, pero carecía de evidencias, apareció por fin en el escenario nacional con todas las letras por obra y gracia del proselitismo para las elecciones de candidatos para las elecciones del 22 de abril de este año. El esquema de extorsión, chantaje, manipulación, amenazas y complicidad de diversos sectores, sobre todo el político, orquestado desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por el senador colorado oficialista Oscar González Daher quedó completamente al descubierto ante la opinión pública.
El JEM es una institución perversa creada por la Constitución de 1992 porque echa por tierra la independencia del Poder Judicial al poner en manos de parlamentarios la potestad de juzgar la conducta de jueces y fiscales que se convierten en prisioneros de los que en algún momento de sus carreras podrían sacarlos de circulación. Entonces, muchos de ellos, se convierten en presa fácil de los corruptos que trafican influencia amparados en el poder que detentan.
Todo empezó a cobrar cuerpo desde unas grabaciones en las que Raúl Fernández Lippmann, por entonces secretario del también por entonces presidente del JEM, conversaba con distintos actores vinculados a la justicia. Las conversaciones configuraban un claro tráfico de influencia. La deducción obvia fue que detrás de los pedidos estaba su jefe González Daher.
A raíz de los contenidos de los audios, algunos senadores, en dos ocasiones, intentaron suspender al que había recibido de sus pares de la Cámara Alta el mandato de representarlos ante el JEM. La alianza coyuntural nacida para violar la Carta Magna con respecto a la reelección reflotó para otorgarle impunidad. Los votos del Frente Guasu y del sector liberal liderado por Blas Llano, sumados a los del cartismo, le salvaron del castigo que merecía ya en aquel momento.
En la deliberación en la que se trataba su caso, con cinismo -tal como quedaría comprobado luego-, González Daher se declaró “inocente y honesto”. “Nunca tuve manejo corrupto en un cargo que he ocupado. Siempre me desempeñé con transparencia”, dijo. Arguyó que las acusaciones contra él emergían solo por la coyuntura proselitista de su partido.
Transcurrió el tiempo y en el último tramo del internismo colorado apareció la carta decisiva: su voz en una grabación que evidenciaba que él mismo trataba de que la justicia torciera su curso para favorecer sus intereses personales. Claro e inapelable tráfico de influencia.
Esa evidencia refleja un aspecto de la corrupción en el ámbito judicial. El que hoy aparece, dado el imperio del proselitismo en filas de la Asociación Nacional Republicana (ANR), es González Daher, para reflejar un esquema de chantajes, amenazas, humillaciones y sanciones para los pocos indóciles del Poder Judicial. El poder es utilizado para beneficiar intereses particulares al margen de la ley.
En esa trama inicua que atenta contra la Nación misma por la inseguridad jurídica que pone en vigencia, están involucrados parlamentarios, miembros del JEM, fiscales, jueces, abogados e incluso estudios jurídicos que operan con apariencia de honorabilidad.
Los datos recogidos de las grabaciones de Fernández Lippmann y González Daher son lo suficientemente amplios como para tener pistas certeras acerca de cómo algunos recurren al tráfico de influencia para obtener beneficios. Además de abrir la “caja de pandora” de la podredumbre, tienen que servir para una investigación que se encamine a desmontar una estructura que se ha ido robusteciendo y ramificando a lo largo del tiempo amparado por la impunidad.
La complicidad de la clase política -con su silencio o con su inclusión en el circuito que opera al margen de la ley- es evidente. González Daher, en la práctica, ha sido nada más que el brazo ejecutor de quienes se burlan de las normas y endiosan el poder malsano, pernicioso, perjudicial e ilegal. Por eso es que el hoy ex presidente del JEM estuvo tanto tiempo en su cargo. Fue victimario, pero también víctima de políticos que, como él, tendrían que estar en la cárcel, no en una banca del Congreso de la República.
La renuncia tardía de Oscar González Daher es un tácito reconocimiento de culpabilidad. La sanción de suspensión por 60 días sin goce de sueldo queda corta ante la magnitud de su transgresión. El artículo 201 de la Constitución, en su parágrafo 2, establece que un senador pierde la investidura por “el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado”. Más claro, agua. González Daher tiene que ser expulsado de la Cámara de Senadores.
Lo que falta es que el Partido Colorado exija la renuncia a su candidatura como senador, electo el pasado 17 de diciembre.
Veremos si ocurre.
