Inmerso en cleptocracia e ineptocracia y nepotismo, las posibilidades de que Paraguay contemporáneo mejore el gasto público son remotas porque las mayorías articuladas en ambas Cámaras del Congreso Nacional son proclives al mantenimiento de corrupción e impunidad. Esto se ha vuelto ostensible en las últimas semanas con la articulación de nuevas mayorías entre los dos movimientos políticos de la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, en función de Gobierno, apoyadas por algunos disidentes de otros Partidos representados en el Poder Legislativo.
Estas mayorías no solamente protegen sino también fomentan la corrupción por no aplicar sanciones ejemplares a los hallados culpables ni exigiendo la -en nuestro país- desconocida modalidad de que los megacorruptos devuelvan lo robado. Con frecuencia, los denunciados por delitos económicos ni siquiera son imputados. Sin castigos, la corrupción feroz sigue imperando y aumentando en magnitudes (volúmenes y valores). La impunidad es perfecta y omnipresente. Ergo, el gasto público sigue de mal en peor.
Corrupción e impunidad no son patrimonio exclusivo del Poder Legislativo. Parte de las instituciones del Poder Ejecutivo así como el Ministerio Público en general y la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, seguidos de cerca en ese contubernio también por los Tribunales Judiciales, están también involucrados.
En ese contexto, las esperanzas de que pueda ser contenido ese proceso de robo legal y de saqueo fraudulento a los escasos recursos del Estado, aportados por los cada vez más decepcionados contribuyentes que no recurren a la masiva evasión tributaria, van desvaneciéndose cada vez más. Así va creciendo la pérdida de credibilidad en las instituciones de la República, establecidas por la Constitución Nacional, versus el combate contra delitos económicos y crimen organizado.
En esas coordenadas, la chance de poder mejorar sustancialmente la baja calidad del gasto público es exigua, con lo cual, dada la actual caída en el crecimiento económico, son también escasas las posibilidades de cumplir y hacer cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal, especialmente en lo concerniente a que se vuelvan ilegales los saldos rojos cuando éstos superan el equivalente al 1,5 por ciento (hoy en día unos 615 millones de dólares) del producto interno bruto (estimado por el BCP en unos 41.000 millones de dólares).
Permaneciendo rígidos e inmutables los gastos públicos, plagados de los atributos mencionados, la necesidad imperiosa de seguir invirtiendo en obras de infraestructura así como en la construcción masiva de viviendas y de escuelas impulsará a los autoridades de Hacienda a plantear el aumento de esa proporción sobre el PIB, subiéndola al 2% del mismo, no solo por ser pocas las obras viables existentes sino también por su mala calidad y porque la carencia de viviendas y escuelas es enorme.
Una publicación reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, denominada Mejor gasto para mejores vidas. Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos, editado por Alejandro Izquierdo, Carola Pessino y Guillermo Vuletin, revela que Paraguay se encuentra entre los que más gastan en salarios públicos en América Latina. En ese informe, el BID da cuenta de que destinamos aproximadamente 10 por de nuestro PIB en remuneraciones públicas, lo que representaría unos 4.100 millones de dólares solamente para pagar salarios. El BID observa que ese porcentaje está por encima del promedio de América Latina, que es del 8 por ciento. Además, en proporción al gasto total de la Administración Central, las remuneraciones públicas representan en Paraguay el 40 por ciento, frente al 29 por ciento del promedio regional en ALC.
Ya en una publicación anterior, el BID había señalado que Paraguay se ubica en el noveno puesto entre los países de América Latina con mayor ineficiencia en el gasto público, representando ésta el 3,9 por ciento del PIB nacional.
UH
16.09.19
Fotos: internet