Edición N° 400 - Agosto 2016
Resumen de prensa
Reconstrucción de la Transchaco
Por primera vez licitaron proyecto en la modalidad “llave en mano”
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc) realizó la apertura de la oferta económica para la reconstrucción, recapado y reciclado de 560 km de la ruta 9 Carlos Antonio López y sus accesos, más conocida como Transchaco, que se ejecutará bajo la Ley 5074 “llave en mano”.
La única oferente fue la firma Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA de Portugal (consorciada con la paraguaya Concret Mix), con una propuesta de 596 millones de dólares, que representan 162 millones de dólares más respecto al costo que estimó el Mopc. Se trata de la misma empresa que debe iniciar las obras civiles del Metrobus, gracias a que subcontrató a la firma local Ocho A.
Cabe resaltar que el costo referencial del proyecto es de 2,4 billones de guaraníes, de acuerdo con el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que se traduce en 434 millones de dólares al cambio actual.
Se estima que en ocho meses se iniciarán las obras si el oferente cumple con los requisitos técnicos y económicos.
Esta ruta será la de mayor inversión vial en la historia del país en caso de que sea adjudicada.
Recordemos que con la figura de la Ley 5074, la compañía ganadora debe conseguir la financiación total para la construcción y el Estado asumirá la deuda por los tramos que se vayan terminando.
¿Negociado de 200 millones de dólares?
Entre constructores locales hay consenso, según Abc, acerca de que la única oferta de 596 millones de dólares para la reconstrucción de la Ruta Transchaco es irracional y superaría ampliamente los costos reales en la materia. Incluso, ya se habla de una posible sobrefacturación de casi 200 millones de la moneda estadounidense y piden ver en detalle la oferta para hacer comparaciones más precisas.
La oferta sobrepasa ampliamente la estimación de costos hecha en su momento por la cartera de Obras Públicas que indicaba que el precio no sobrepasaría los 500 millones de dólares, una cifra que, aunque exorbitante, responde a la envergadura del emprendimiento proyectado.
Representantes de algunas empresas vialeras coincidieron en que en el proyecto en cuestión puede haber una sobrefacturación de alrededor de 200 millones de dólares. En ese sentido, solicitan que el Mopc haga pública la oferta para que los técnicos puedan analizar y establecer comparaciones más precisas.
Sobre todo, considerando que esta obra se pagará durante décadas con recursos provenientes del Tesoro (impuestos).
Rechazan “presunción” de sobrefacturación
El ministro Ramón Jiménez Gaona señaló que no se puede hablar de sobrefacturación en el llamado para la reconstrucción, recapado y reciclado de 560 km de la ruta Transchaco.
“La oferta entra en un proceso de evaluación como cualquier otro llamado. Cuando finalice recién estaremos en condiciones de explicar punto por punto, en el caso de que la propuesta haya cumplido todos los ítems exigidos y si se refleja el costo real de la obra para que sea adjudicada. De la misma manera, si no se llega a adjudicar, también estaremos explicando y aclarando punto por punto a la ciudadanía sobre los motivos que llevaron a tomar esta determinación”, aseveró.
Jiménez Gaona garantizó rigurosidad para la reducción de los costos de la obra y una mejor calidad de la misma.
Por otra parte, Claudia Centurión, directora de Proyectos Estratégicos del Mopc explicó que el proyecto llave en mano es un contrato que se paga solamente si la obra está terminada y utilizable. “No existen reajustes ni modificaciones a lo largo de la vida del contrato; a través de esta modalidad el Estado transfiere el 100 por ciento del riesgo de diseño y construcción al contratista, es decir, ya no más sobrecostos, ya no más reajustes de precio, ya no más sobreplazos, porque el incentivo para el pago de estas obras que tiene el contratista es terminar la obra en tiempo y en forma, si no es así, no se paga. El precio que se plasma en el contrato será lo que el Estado asume y ni un peso más ni un peso menos de ese precio”, manifestó.
Prometen hacer pública la oferta
En referencia a los rumores de sobreprecio en la reconstrucción de la ruta Transchaco, el ministro Ramón Jiménez Gaona hizo énfasis en las diferencias que existen entre el régimen de contratación que establece la Ley 5074, por la cual se licitó la obra de la Transchaco, y el régimen tradicional, y prometió que la oferta se hará pública antes de la adjudicación, una vez que completen el proceso de evaluación.
Además de señalar que “no se puede hablar de sobrefacturación y rechazamos cualquier declaración en ese sentido”, pidió prudencia en el manejo de la información, según él, “para no descalificar a una oferta que pueda ser razonable”.
Los 596 millones de dólares que costaría la obra se pagarían en un plazo de doce a quince años, dependiendo del banco que otorgue el crédito, explicaron.
Si la propuesta portuguesa gana, el banco estadounidense Bank of America Merrill Lynch financiará los 596 millones de dólares que ofertó la firma, según señalara Vitor Alves, representante de la firma Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA consorciada con la paraguaya Concret Mix, única oferente para ejecutar el proyecto vial de la Transchaco.
UH
02 y 11.06/13, 15 y 16.07.16
Abc
13, 15 y 16.07.16
Nota de la Redacción
En la edición Nº 398, de junio pasado, el artículo titulado “El kilometro de carretera en América Latina cuesta siete veces más que en Europa”, habla sobre el sistema tradicional de adjudicación de obras y el sistema “llave en mano” al que llaman “ajuste alzado absoluto” y los beneficios que aporta el cambio de modelo de adjudicación: primero la obra y luego el pago.
Parte del artículo expresaba: “Una de las diferencias fundamentales en el manejo de la obra pública en América Latina y Europa se puede encontrar en el proceso de licitación. Mientras que si es transparente y riguroso puede garantizar obras realizadas al precio justo, con buena calidad y sin demoras, si es demasiado laxo puede favorecer la corrupción, el aumento de costos y el desarrollo de una infraestructura por debajo de los estándares requeridos. Por ejemplo, prever adecuadamente el impacto que tiene sobre el precio final la afectación de predios privados y del medio ambiente es un elemento clave de toda licitación. Si eso no ocurre, se subestiman los costos y los tiempos de construcción, ya que la ejecución de las obras se ve constantemente interrumpida por trabas burocráticas.
Cómo transparentar la obra pública
“Lo primero que hay que cambiar es el modelo de gestión”, expresó el politólogo Osvaldo Ottaviano, director ejecutivo de la Fundación Metas Siglo XXI (Argentina), en diálogo con Infobae.
Actualmente, en Argentina y en otros países de la región se hace un llamado a licitación, se fija una base y resulta adjudicatario el que presenta el costo más bajo. El Estado le asigna un anticipo de inicio de obra del orden del 20 por ciento y a medida que va avanzando en la realización del proyecto le reembolsa lo construido.
Este modelo tiene varias falencias. Por un lado, si, como muchas veces ocurre, se alargan los tiempos de construcción, se elevan los costos y es el Estado el que debe hacerse cargo. Además, como el contratista empieza a recibir dinero incluso antes de empezar a construir y luego sigue recibiendo sin tener que presentar demasiadas pruebas de lo realizado, no tiene ningún incentivo para hacer una obra de calidad y en los tiempos previstos.
En cambio, con el modelo de ajuste alzado absoluto, el adjudicatario debe ejecutar la obra con sus propios recursos y, una vez terminada, se le efectúa el pago.
“En los países europeos el modelo de gestión es primero la obra y después el pago, que muchas veces es por peaje o por retribución del Estado. En Chile se aplica el mismo método de gestión, y pueden darse el lujo de cobrarle al adjudicatario un derecho a construir con su dinero una obra que es propiedad del Estado nacional”, dijo Ottaviano. De esta manera se consigue una ventaja doble. En primer lugar, se evita que el Estado dilapide recursos en empresas fraudulentas o ineficientes, ya que los contratistas saben que la única forma de cobrar es hacer su trabajo en tiempo y forma.
En segundo lugar, si el pago se hace por medio de la concesión de la carretera y del cobro de peajes, se incentiva a que la infraestructura sea de calidad, ya que, en caso contrario, la empresa deberá invertir grandes cantidades de dinero en el mantenimiento una vez concluida.
Pero sobre todo, se evita que la obra pública se convierta en un gran agujero negro en el que se van millones de dólares de las arcas del Estado, de los cuales sólo una pequeña parte se materializa en mejores servicios para los ciudadanos”.
Otros proyectos llave en mano
Otros proyectos que se ejecutarán con la Ley 5074 son el acceso al segundo puente con Brasil; las obras sanitarias para Luque, Lambaré y Roque Alonso; y el corredor bioceánico en el tramo Carmelo Peralta-Loma Plata. Los dos primeros proyectos también tienen constantes postergaciones para la apertura de sobres.
Según la modalidad llave en mano -normativa que prevé que el sector privado consiga la financiación del proyecto y el Estado comienza a pagar luego de la finalización de las obras- también se licitará, a finales de este año, las obras de casi 8 km de la Costanera Sur de Asunción.
