Edición N° 380 - Diciembre 2014

Resumen de Prensa

El legado del periodista Pablo Medina

Su asesinato trajo una andanada de nombres de políticos vinculados al narcotráfico y lo que era un secreto a voces, fue denunciado por propios organismos del Estado.

Los narcotraficantes optaron por cambiar de estrategia para lograr poder político. Inicialmente, los capomafiosos optaban por proteger su negocio recurriendo a la compra de voluntades de los jueces, fiscales y miembros de los diferentes organismos de seguridad.
Los capos de las fronteras empezaron a armar un esquema en donde proyectaron políticamente a sus abogados, secretarios, empleados, prestanombres y cualquiera que dependa de ellos.
Es decir, fueron entrenados de manera que vayan ocupando espacios de poder como diputados, senadores, intendentes, concejales o miembros de Juntas Departamentales. “Algunos llegan como candidatos y otros como suplentes”, reveló un agente de seguridad del Gobierno.
Los jefes de la mafia inicialmente trabajaban con paraguayos que eran choferes, matones o secretarios porque manejaban el idioma, la cultura y la idiosincrasia.

Sin embargo, con el tiempo estos quisieron subir un peldaño.
En los últimos tiempos, los paraguayos al servicio de los capos armaron su círculo de confianza en base a su lazo de sangre, en donde involucran a sus hermanos, tíos, primos, etc., que es difícil penetrar. Al armar este nuevo sistema familiar, estos llevan su centro de operaciones a sus ciudades natales. “Hoy tenemos crimen organizado en Caazapá, Itapúa, Guairá, Ybycuí, Ypejhú y otros sitios en donde montaron su estructura. Como les salió tan bien empezaron a ser ambiciosos y utilizaron este sistema para acceder al poder. Buscan algún idiota útil y lo utilizan. Esta es la realidad que tenemos. Muchos intendentes fueron puestos por narcos, por ejemplo”, se lamentó.
En zonas como Ypejhú, Curuguaty, Capitán Bado y otros lugares no se gana ninguna elección sin el apoyo de los narcotraficantes, concluyó el agente.
Y el asesinato de Pablo Medina, corresponsal de Abc Color, y su asistente Antonia Almada el pasado 16 de octubre en Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú dejo al descubierto lo que era un secreto a voces: la conexión de políticos de los dos partidos políticos tradicionales con la mafia, con el narcotráfico.
Wilmar “Neneco” Acosta Marques, intendente de Ypejhú en el momento del suceso, fue sindicado por el Ministerio Público como autor moral del crimen, mientras que Wilson Acosta y Flavio Acosta, hermano y sobrino respectivamente, fueron acusados como autores materiales del hecho, así como Arnaldo Cabrera de quien se presume fue el coordinador de operativo. Todos están imputados por homicidio doloso, son prófugos de la justicia y cuentan con orden de captura internacional.

Junto con otro integrante de la familia, Vidal Acosta, este clan fue también imputado por recolección y producción de estupefacientes.
“Neneco” figura  como uno de los principales acopiadores de marihuana en la zona en la lista de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), cuyo titular, Luis Rojas, confirmó que está vinculado con el narcotráfico y que, además, varios políticos se encuentran en la lista de sospechosos de tener nexos con las drogas, aunque evitó dar nombres para no distorsionar la investigación del asesinato del periodista Pablo Medina.
A su prontuario se agrega su imputación por homicidio doloso y asociación criminal, junto con su hijo Gustavo Acosta Gadea, y en el 2011, los camaristas Venancio López (presidente), Rosalinda Guens y Justo Pastor Benítez, lo liberaron. Los camaristas siguen en sus cargos como miembros del Tribunal de Apelaciones de Salto del Guairá, incluso intervinieron en la causa que investiga la masacre de Curuguaty, donde murieron 17 personas.
Pero no es el único político al que salpicó la sangre de Medina y Almada,  en forma indirecta las gotas llegaron a otras figuras de nuestra política que se pasean con total descaro frente a los ojos de pueblo como si no tuvieran ninguna mancha.

Una de ellas es la diputada colorada, por el departamento de Canindeyú, Cristina Villalba sindicada como “protectora” de Acosta Marques y familiares, mencionada por el asesinado periodista Medina como la “madrina” del narcotráfico. La diputada Villalba es una de las personas cercanas a Cartes, teniendo en cuenta que fue la primera designada como líder de bancada por el cartismo en la Cámara Baja, hasta julio pasado.
La diputada Cristina Villalba tejió toda una red con tentáculos en diferentes tipos de ilegalidades.
El gobernador de Canindeyú, Alfonso Noria (ANR), es uno de sus títeres, que en poco tiempo logró amasar una fortuna. De un simple profesor de educación física, en menos de cinco años pasó a ser un potentado del departamento de Canindeyú, según él, con el dinero obtenido luego de ejercer “todos los trabajos lícitos habidos y por haber”.
La diputada ejerce un control absoluto del departamento de Canindeyú al presionar a jueces, fiscales y policías. Se trata de una de las personas más influyentes de la región y, según vox pópuli, recibe altos dividendos de las actividades ilícitas en la zona.

El intendente de La Paloma es considerado el hombre más poderoso de todo Canindeyú, donde su padrinazgo casi no cuenta con oposición. Arrastra con él una larga historia de denuncias de actividades ilícitas.
Villalba López ya fue denunciado por sus cercanas vinculaciones con Claudecir da Silveira, alias “Mano”, un brasileño con orden de captura que vive protegido en territorio paraguayo desde hace años y sindicado como uno de los principales líderes de una poderosa mafia que domina en la zona fronteriza el tráfico de cocaína, armas y hasta animales.
Carlos Villalba, y su hermana, la diputada Cristina Villalba de Abente, son  “Los que mandan acá, tienen la manija del departamento. Ellos son los que manejan todas las cosas acá; ellos mandan por la Policía, la Fiscalía, los jueces. Ellos son las autoridades y a ellos obedecen todos”, había dicho semanas atrás el empresario y político colorado de Curuguaty Juan Pío Ramírez.
El exdiputado colorado Julio Colmán había indicado que el expresidente Nicanor Duarte Frutos y el actual, Horacio Cartes, conocían las vinculaciones de los Villalba con actividades ilícitas en Canindeyú.
El cobarde asesinato de Medina y Almada, fue el tercer crimen consecutivo materializado en solo dos meses por la banda del prófugo intendente colorado de Ypejhú.
El primero se llevó a cabo en la noche del 1 de agosto pasado, cuando murió el exintendente de Ypejhú Julián Núñez Benítez (ANR), un adversario político de “Neneco” y que habría facilitado informes a la Senad para el decomiso de un importante cargamento de marihuana de la facción criminal. Y también, frecuentemente pasaba datos al periodista Pablo Medina sobre las actividades relacionadas al narcotráfico y al crimen organizado en la zona.
El asesinato de Núñez fue ejecutado por Wilson Acosta Marques y su hijo, Gustavo Acosta Gadea.
El segundo homicidio se registró el 4 de octubre en Villa Ygatimí, donde fue acribillado con 17 tiros Víctor Franco Benítez, otro informante de Pablo Medina.
Aquello de sálvese quien pueda en los tiempos que corren ya no va. Al parecer cada vez son menos los que lo pueden hacer.
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas dijo a un medio de comunicación que “La lista de los políticos vinculados al narcotráfico es parcial, hay un montón”. Indicó que los organismos de seguridad investigan más de 1.900 casos ligados a autoridades.

No son todos...
Cinco diputados colorados, un senador del Plra, un gobernador del mismo partido político y otro de la ANR, además de una ex legisladora también de la ANR, fueron envueltos, directa o indirectamente, en el tráfico de cocaína, marihuana y hasta asesinatos en la conflictiva zona Norte.
El diputado de la ANR Marcial Lezcano tenía como suplente en su lista de diputados al supuesto jefe narco Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharõ, buscado en Brasil. Y un  hermano policía -el suboficial Águedo Lezcano- que cayó con dos litros de cocaína líquida que debía enviar a Europa.
El diputado de la ANR Bernardo Villalba fue abogado del hijo del narco Erineu Pingo Soligo. Como legislador presentó el proyecto de ley que prohíbe la extradición o expulsión de paraguayos naturales o naturalizados a países extranjeros que no tengan la misma reciprocidad procesal con la República del Paraguay. Varias comisiones del Senado dijeron que el proyecto se elaboró para favorecer a Carlos Sánchez, alias Chicharõ; su ex cliente Gimenes Pavão, y Carlos Caballero, alias Capilo.
Otro en la mira es Fredy D’Eclessis. En el 2006 se allanó una estancia en Pedro Juan Caballero, propiedad de Víctor Raúl D’Eclessis, hermano del diputado colorado Fredy D’Eclessis. Allí encontraron 195 kilos de cocaína. La diputada Perla de Vázquez (ANR) declaró a la prensa que este legislador aparece en la hoja de ruta de narcotraficantes con su seudónimo de Tano.
La familia del diputado colorado Carlos Maggi también fue involucrada en temas de drogas. En el 2013, se incautó un cargamento de 311 kilos de cocaína, una avioneta y una lancha en una estancia, propiedad del padre del congresista, el ex general Carlos Egisto Maggi.
Otra de las dirigentes influyentes del Partido Colorado es la diputada del reciente periodo pasado Cristina Cubas de Villaalta quien sufriera dos muertes en su familia. A uno de sus hijos lo asesinaron sicarios en el 2008. Su otro hijo, Cristian Villaalta, cayó preso con 195 kilos de cocaína en el 2006. Su esposo, Faustino Villaalta, era abogado de supuestos mafiosos y también fue asesinado.
La rivalidad entre el senador del Plra Robert Acevedo -quien junto con su hermano el intendente de Pedro Juan Caballero tendría vínculos con el narcotraficante Fahd Jamil - y el gobernador de Amambay, Pedro González, es una de las más conocidas en el ámbito político. Ambos se acusan mutuamente de estar al servicio del narcotráfico y de proteger a los mafiosos más poderosos de la zona. Cuando fue concejal de Pedro Juan Caballero, González fue fotografiado con el supuesto narco Jarvis Gimenes Pavão, en la quinta de este último.
Otros nombres que saltaron a la palestra por sus vínculos con el narcotráfico son Alicia González de Saiz, intendenta de nueva Germania, en agosto del 2013 la policía halló un cargamento de 77 kilos de marihuana en su automóvil. Entre los traficantes detenidos se encontraba Jonhatan Cardozo Paoli, hermano de la madre de la jefa comunal.
Francisco Sarubbi, exintendente de Caazapá, hijo del exgobernador José María Sarubbi Lepretti, sindicado por la policía del Uruguay como integrante de una red de tráfico de drogas entre ese país y el Paraguay,  que  pertenecen al equipo senador colorado Mario Abdo Benítez, según los dichos del diputado Celso Troche.
Marcial Lezcano, diputado por la ANR. En marzo del 2013, su hermano, el suboficial de la policía Águedo Ronaldo Lezcano y un primo, Félix Adilson Paredes fueron detenido en Capiatá con dos litros de cocaína líquida que un miembro de la red de narcos de Luis Carlos da Rocha y Carlos “Chicharo” Sánchez iban a enviar a Europa
El narcotráfico ha infiltrado todos los estamentos en nuestro país. La mafia ha crecido bajo el silencio cómplice de las autoridades. Existen fuertes versiones de que con el dinero proveniente de esta actividad ilegal se financian campañas, que llevan a cuestionados dirigentes a ocupar cargos públicos. Así compran impunidad. En los últimos años políticos de diversos sectores se vieron salpicados por el tráfico de estupefacientes
También hay militares sindicados de tener vínculos con el clan Acosta. El general. Luis Garcete, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó que abrirán una investigación sobre la denuncia que implica al coronel Felipe Orrego como supuesto protector del prófugo Vilmar “Neneco” Acosta. Confirmó que el coronel Orrego estuvo como comandante del destacamento militar de caballería en Curuguaty desde el 30 de junio hasta el 1 de noviembre de este año. De acuerdo con la denuncia, el coronel Orrego habría dado protección a Acosta y lo habría escondido en la unidad militar días después del asesinato de Pablo Medina el pasado 16 de octubre.
La Senad se suma dado que incluye en sus filas a agentes especiales que se encuentran en la mira de la fiscalía debido a que pese a que conocían con precisión las actividades del narcointendente de Ypejhú, Vilmar “Neneco” Acosta Marques, nunca se evidenciaron operativos ni ofensivas decisivas contra su estructura criminal.
El oficial inspector Aquiles Villalba, de Antinarcóticos de la Policía, está sospechado de dar protección a grupos de narcotraficantes que operan en la zona de Canindeyú, al amparo de estructuras políticas que eran encabezadas por el prófugo Vilmar “Neneco” Acosta y su familia. Y también se lo vincula con Carlos Villalba, intendente colorado de La Paloma (Canindeyú) y hermano de la diputada colorada.
El propio ministro Luis Rojas confesó que ellos sabían de las actividades ilícitas del intendente de Ypejhú y reconoció que Pablo Medina siempre investigó y averiguó datos relacionados a los jefe del hampa, entre ellos el mismo “Neneco”.
Llamativamente la Senad nunca hizo nada para desbaratar la organización, pese a la existencia de numerosos datos de que operaban desde la estancia “Dos Naciones” y que se blindaban en la municipalidad.
En una de sus declaraciones a un matutino local Rojas aseguró que diariamente le toca convivir en la Secretaría con agentes vinculados a narcopolíticos. “Cada día uno debe ver rostros de gente que responde a patrones del narcotráfico”, sostuvo.

Y llegó el turno de los jueces
Hace como dos meses, Cartes aseguró  que el asesinato de Pablo Medina será esclarecido y los asesinos castigados. Insistió en que no encubrirá a nadie y se hará lo que se tenga que hacer y que el gobierno utilizará todos los medios que estén a su disposición para combatir el narcotráfico y devolver la tranquilidad al país ¿será? El caso de asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada es un crimen técnicamente aclarado pero…  sin ningún detenido.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay, el Foro de Periodistas Paraguayos y la Coordinadora de Periodistas en Alerta, se movilizaron hasta la sede del Plra con el fin exigir a los liberales investigar si sus dirigentes en la frontera están vinculados con el narcotráfico o si recibieron su financiamiento, exigencia que quedó plasmada en una nota entregada a la cúpula de la agrupación política en la que preguntan si cuenta con los mecanismos necesarios para y que se tomen las medidas necesarias para evitar que personas vinculadas al narcotráfico incurran en política utilizando esa nucleación política.
Con un voto en disidencia, el Partido Colorado expulsó definitivamente de sus filas al prófugo exintendente de Ypejhú, Vilmar Acosta.
El voto a favor fue de Florentín López Cáceres, Darío Franco Flores, Rocío Fernández y César Benítez Bogado. Jorge Raúl Garcete, ex ministro del Interior durante la presidencia de Andrés Rodríguez y ex procurador de la República en el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, fue el único que votó en contra.
Benítez, titular del Tribunal, refirió el Tribunal de Conducta abrió una carpeta para investigar a 40 autoridades partidarias, legisladores e intendentes que estarían vinculados con el narcotráfico. De esta manera, el Partido Colorado pretende sanear el órgano partidario, cuyos dirigentes se vieron involucrados en el narcotráfico,  y que se trata de personas que se encuentran en cargos electivos. Agregó que tanto Cristina Villalba como José María Ibáñez pueden ser juzgados solamente por una convención partidaria.
El ministro de Vargas, minimizando toda la situación simplemente calificó de “explosión mediática lo que pasa en Canindeyú, así le llama a todo lo que está saliendo a la luz a raíz del asesinato del periodista y su asistente. Pero, gracias a la “explosión mediática” el pueblo se está informando que la narcopolítica ha entrado de lleno a nuestro país. Y a pesar de señalar que no su gobierno no encubrirá a narcotraficantes políticos, el nombre del presidente Horacio Cartes está ligado al narcotráfico… y no es de ahora

UH
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Abc
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